El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejecutado la opción de compra del ático de lujo en el que ha residido junto a ella durante los últimos dos años. Este inmueble, situado en la planta superior de un edificio en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, tiene un valor aproximado de 1.127.000 euros, cifra que corresponde al precio acordado tras varios meses de alquiler.
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Durante los dos años previos, González Amador había estado pagando 5.000 euros al mes por el ático, lo que suma un total de 120.000 euros en concepto de alquiler. Este importe ha sido descontado del precio final de compra del inmueble, como establece el contrato firmado con la sociedad Babia Capital S.L., propietaria del ático.
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El contrato de alquiler con opción a compra se firmó en 2022, y la operación se gestó en un contexto complicado para González Amador, quien se encontraba en medio de una investigación por fraude fiscal. La posibilidad de adquirir el ático fue inicialmente una opción que se activó después de que el empresario comprara un piso en la sexta planta del mismo edificio, el cual, según informes, fue adquirido por más de un millón de euros y con una hipoteca de 500.000 euros.
A pesar de las dificultades financieras, González Amador solicitó una prórroga de su contrato con opción a compra en 2023 debido a su situación judicial, y esta extensión fue concedida por la sociedad Babia Capital, que gestiona el inmueble. De este modo, la pareja de Ayuso pudo continuar viviendo en el ático hasta la ejecución de la compra.
La compra de este ático, junto con el piso en la sexta planta, permite a la pareja disponer de 360 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Madrid. Sin embargo, la operación ha sido rodeada de controversia, especialmente debido a las investigaciones judiciales que pesan sobre González Amador por fraude fiscal, relacionado con la empresa Quirón, que recibe una gran parte de su financiación pública por parte de la Comunidad de Madrid, que preside Ayuso.
El alquiler y posterior compra del ático también han sido objeto de críticas, ya que se ha revelado que el empresario se benefició de condiciones favorables mientras su situación judicial se encontraba bajo investigación. La relación entre ambos inmuebles y las implicaciones económicas de la operación han avivado el debate sobre los vínculos entre la política, los negocios y el uso de recursos públicos.
Actualmente, González Amador está procesado por fraude fiscal, con la Fiscalía solicitando una condena de 3 años y 9 meses de cárcel. Mientras tanto, la acusación popular, ejercida por partidos de la oposición como el PSOE y Más Madrid, eleva la petición de condena a 5 años.
Este caso sigue siendo un tema sensible en la política madrileña, ya que subraya la creciente preocupación sobre las conexiones entre los intereses privados y el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de figuras cercanas al poder político.
