El Congreso de los Diputados ha tumbado la iniciativa presentada por el PP para aumentar las dietas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no se actualizan desde 2005, lo que provoca que muchos agentes tengan que pagar de su bolsillo por trabajar fuera de casa. PSOE, Sumar y Bildu han votado en contra de la propuesta, mientras que el PP, Vox y UPN han apoyado el aumento.
El Congreso de los Diputados vivió este jueves una nueva disputa en torno a las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que la propuesta del PP para aumentar las dietas de la Policía Nacional y la Guardia Civil fue rechazada por el PSOE, Sumar y Bildu. Esta iniciativa buscaba actualizar las dietas de los agentes, que no se han tocado desde 2005, un hecho que muchos agentes consideran «totalmente insuficiente» para cubrir los costos reales de manutención y alojamiento.
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La propuesta fue aprobada en la Comisión de Interior del Congreso gracias al apoyo de los diputados del PP, Vox y UPN, pero fracasó en el pleno tras los votos negativos de los tres partidos de izquierda. Los agentes llevan años denunciando que las dietas actuales, de apenas 77 euros para todo el día, no cubren los gastos básicos cuando son comisionados a otras localidades para realizar su trabajo. Además, las cajas pagadoras de las comisarías no tienen fondos para hacer frente a estos pagos, lo que obliga a los agentes a adelantar dinero de su salario o incluso a recurrir a la solidaridad ciudadana.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha calificado de «vergüenza institucional» la postura del PSOE, Sumar y Bildu, acusándolos de «dar la espalda» a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según la AUGC, la negativa del Gobierno a actualizar las dietas es un «desprecio absoluto» hacia los trabajadores que ponen en riesgo su vida para garantizar la seguridad de la ciudadanía. La situación se ha agravado en los últimos años, cuando algunos guardias civiles han tenido que costearse su alojamiento y manutención durante intervenciones, como ocurrió con los agentes que participaron en la lucha contra los incendios en León, Zamora y Orense.
El PSOE, por su parte, ha defendido su postura argumentando que las reivindicaciones deben abordarse en el marco de la negociación colectiva y no en una votación en el Congreso. Sin embargo, los sindicatos policiales critican esta justificación y reclaman que el Gobierno asuma su responsabilidad en mejorar las condiciones laborales de los agentes. En el contexto de este rechazo, también ha sido muy comentada la actitud del senador socialista Alfonso García Rodríguez, quien recientemente provocó indignación al asegurar que los policías y guardias civiles «deben ganarse la profesión de riesgo», en un comentario que muchos interpretaron como un ataque hacia los agentes.
Para los sindicatos, esta derrota supone un nuevo capítulo en la lucha por dignificar las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad, y exigen al Ministerio del Interior que acate la voluntad del Congreso y ponga fin a las dificultades que enfrentan los agentes con las dietas y el pago de sus gastos.
