El magistrado aprecia un riesgo de fuga “extremo” y ordena el ingreso en Soto del Real para ambos investigados por el conocido ‘caso Koldo’
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El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y para su exasesor Koldo García, tras apreciar un riesgo de fuga que, según el auto, no puede evitarse con las medidas cautelares anteriores. Ambos han sido trasladados a la prisión de Soto del Real tras conocer la decisión judicial.
Los dos investigados habían acudido al Tribunal Supremo para una vistilla en la que se revisaban las medidas cautelares aplicadas hasta ahora. Durante la comparecencia, Ábalos tomó la palabra para asegurar que no tenía intención de huir, alegando que carece de patrimonio y que mantiene arraigo familiar y político. Su defensa argumentó que la prisión afectaría a su condición de diputado, pero estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta por el magistrado.
Una situación similar se produjo en la vistilla posterior de Koldo García. También él afirmó que no tenía intención de sustraerse a la acción de la justicia, alegando igualmente arraigo familiar. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular pidieron prisión sin fianza, postura que el instructor ha asumido en su resolución.
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El auto sostiene que existen “indicios racionales de criminalidad” por delitos de organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. También destaca que, dado que la instrucción está concluida y las acusaciones han solicitado penas elevadas —24 años para Ábalos y 19 para García—, el riesgo de fuga aumenta ante la cercanía del juicio.
El juez ordena comunicar la decisión a la presidenta del Congreso, dado que Ábalos es diputado, para que la Cámara tenga conocimiento de la situación del aforado.
La resolución llega después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación, en el que detalla que Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama se habrían concertado para lucrarse mediante adjudicaciones públicas y el cobro de comisiones vinculadas a la contratación de material sanitario durante la pandemia y a otros contratos de obra pública.
