El organismo internacional sostiene que mantener ayudas indefinidas para desempleados de más de 52 años desalienta su reincorporación al mercado laboral y representa un coste elevado para las cuentas públicas.
La OCDE ha apuntado en su informe económico sobre España que el actual régimen del subsidio por desempleo aplicado a personas de 52 años o más —una ayuda de 480 euros al mes (equivalente al 80 % del IPREM), junto con cotización a la Seguridad Social sobre el 125 % de la base mínima— podría estar provocando un uso prolongado e indefinido del subsidio. Según los datos citados por la organización, cerca del 70 % de quienes reciben estas ayudas tienen 50 años o más, lo que equivale a más de medio millón de beneficiarios de un total de alrededor de 800.000 perceptores.
La OCDE cuestiona que este modelo favorece a los mayores frente al resto de desempleados, que acceden a una prestación temporal (entre 3 y 30 meses) y sin cotización a la Seguridad Social. Además, critica que la comprobación de recursos en el caso de mayores de 52 años se haga a nivel individual —no familiar— lo que podría facilitar situaciones en las que personas con otros ingresos accedan al subsidio.
Para corregir lo que considera un desequilibrio, el organismo sugiere equiparar las reglas de acceso al subsidio para todas las edades: es decir, limitar la duración a los mismos plazos usados para otros colectivos, aplicar la evaluación de recursos a nivel familiar y restringir las cotizaciones asociadas únicamente a prestaciones contributivas. También recomienda potenciar medidas de formación y reciclaje profesional, con el fin de incentivar la reinserción laboral entre las personas de mayor edad.
La OCDE advierte que, aunque la generosidad del subsidio puede servir como protección frente a la pobreza en la vejez, también existe el riesgo de que reduzca los incentivos para buscar empleo, sobre todo en trabajadores con bajos ingresos potenciales o con pocas expectativas de reempleo. Con esta reforma, el organismo espera aliviar la presión sobre las arcas públicas y el sistema de pensiones, así como mejorar la tasa de empleo en los colectivos de más edad.
El debate queda abierto: poner límites al subsidio podría significar un ajuste relevante en la política de protección social, pero también plantea la necesidad de alternativas —como programas de formación, adaptación del mercado laboral o políticas activas de empleo— para evitar que desempleados de larga duración queden desprotegidos.
