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El organismo internacional sostiene que mantener ayudas indefinidas para desempleados de más de 52 años desalienta su reincorporación al mercado laboral y representa un coste elevado para las cuentas públicas.
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La OCDE ha apuntado en su informe económico sobre España que el actual régimen del subsidio por desempleo aplicado a personas de 52 años o más —una ayuda de 480 euros al mes (equivalente al 80 % del IPREM), junto con cotización a la Seguridad Social sobre el 125 % de la base mínima— podría estar provocando un uso prolongado e indefinido del subsidio. Según los datos citados por la organización, cerca del 70 % de quienes reciben estas ayudas tienen 50 años o más, lo que equivale a más de medio millón de beneficiarios de un total de alrededor de 800.000 perceptores.
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La OCDE cuestiona que este modelo favorece a los mayores frente al resto de desempleados, que acceden a una prestación temporal (entre 3 y 30 meses) y sin cotización a la Seguridad Social. Además, critica que la comprobación de recursos en el caso de mayores de 52 años se haga a nivel individual —no familiar— lo que podría facilitar situaciones en las que personas con otros ingresos accedan al subsidio.
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Para corregir lo que considera un desequilibrio, el organismo sugiere equiparar las reglas de acceso al subsidio para todas las edades: es decir, limitar la duración a los mismos plazos usados para otros colectivos, aplicar la evaluación de recursos a nivel familiar y restringir las cotizaciones asociadas únicamente a prestaciones contributivas. También recomienda potenciar medidas de formación y reciclaje profesional, con el fin de incentivar la reinserción laboral entre las personas de mayor edad.
La OCDE advierte que, aunque la generosidad del subsidio puede servir como protección frente a la pobreza en la vejez, también existe el riesgo de que reduzca los incentivos para buscar empleo, sobre todo en trabajadores con bajos ingresos potenciales o con pocas expectativas de reempleo. Con esta reforma, el organismo espera aliviar la presión sobre las arcas públicas y el sistema de pensiones, así como mejorar la tasa de empleo en los colectivos de más edad.
El debate queda abierto: poner límites al subsidio podría significar un ajuste relevante en la política de protección social, pero también plantea la necesidad de alternativas —como programas de formación, adaptación del mercado laboral o políticas activas de empleo— para evitar que desempleados de larga duración queden desprotegidos.
