Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, aparece registrado dentro de Quirónprevención bajo un nombre distinto: Alberto Burnet González. Así lo revela una investigación publicada por eldiario.es, que detalla que el empresario figura internamente como “Director de Proyectos, Servicios Centrales”, adscrito a la oficina de la compañía en la calle Agustín de Betancourt, en Madrid.
Te interesa
Lee tambien: Francisco Nicolás esquiva la cárcel y busca desprenderse del alias que lo hizo famoso
El dato contrasta con la versión que González Amador había sostenido hasta ahora, asegurando que su relación con el grupo sanitario era únicamente la de un proveedor externo que facturaba servicios, y no la de un integrante de su estructura interna. No obstante, además del pseudónimo, disponía también de un correo corporativo de la compañía.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Desde Quirón explican que el uso de nombres alternativos y la disponibilidad de cuentas internas no es excepcional, y subrayan que más de 1.500 colaboradores externos utilizan correos del grupo. Atribuyen el cambio de identidad de González Amador a un ajuste realizado hace dos años por la “gran cantidad de correos que recibía tras hacerse pública su relación” con Ayuso, iniciada en 2021.
Lee tambien: El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PSOE contra Madrid por Quirón y Ribera Salud
Según recuerda eldiario.es, entre 2021 y 2024 el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha abonado a Quirón casi 5.000 millones de euros, el doble de lo inicialmente presupuestado por la Consejería de Sanidad para ese periodo.
Procesado por fraude fiscal y uso de facturas falsas
El pasado noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de González Amador por delitos de fraude fiscal y falsedad documental, rechazando los recursos de su defensa. El origen del caso se remonta a mayo de 2022, cuando Hacienda concluyó que había defraudado 350.910 euros mediante 15 facturas falsas.
La filtración posterior de la denuncia generó un intenso enfrentamiento político, con Ayuso calificando la investigación como una “cacería” contra ella.
El escándalo también tuvo derivadas institucionales: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo, que le atribuyó haber revelado a la prensa correos del abogado de González Amador en un intento de desmentir un bulo difundido desde la Presidencia madrileña.
Durante el juicio, González Amador afirmó haber sufrido una “indefensión jamás vista”, hasta el punto de describirse como “el defraudador confeso de España” y asegurar que sólo le quedaba “suicidarse o marcharse del país”.
El Supremo, sin embargo, consideró exagerados esos planteamientos y calificó de “desmesuradamente ambicioso” atribuir al fiscal general la responsabilidad de su exposición mediática, aunque entendió su posición como acusación.
