El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por el PSOE madrileño contra la Comunidad de Madrid por el sistema de facturación entre hospitales vinculado a la libre elección de centro sanitario. El órgano fiscalizador concluye que no se ha acreditado responsabilidad contable, perjuicio para las arcas públicas ni una condonación de deuda a Quirón y Ribera Salud.
La denuncia fue presentada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien solicitó investigar si el Ejecutivo autonómico había dejado de reclamar determinadas cantidades a las empresas concesionarias de hospitales públicos con gestión indirecta.
El procedimiento se centraba en el denominado sistema de facturación intercentros, que se aplica cuando un paciente decide recibir atención sanitaria en un hospital diferente al que le corresponde por su zona de residencia.
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El PSOE sostenía que este mecanismo podía haber provocado una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud y, por tanto, un posible perjuicio económico para la sanidad pública madrileña.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas afirma que no se ha demostrado la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid hubiera dejado de reclamar. Tampoco aprecia un daño patrimonial “concreto, efectivo e individualizado” para los fondos públicos.
La resolución descarta igualmente que existieran derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica hubiera renunciado a exigir a las empresas responsables de los centros sanitarios.
El archivo coincide con la posición defendida durante el procedimiento tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, que habían solicitado el cierre de las actuaciones al no apreciar responsabilidad contable.
El Gobierno regional ha sostenido desde el inicio que actuó conforme a la normativa vigente y que no dejó de ingresar ninguna cantidad que legalmente correspondiera reclamar a las concesionarias.
La decisión supone un revés político para el PSOE de Madrid, que había convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra el modelo de gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Con el archivo de las actuaciones, el Tribunal de Cuentas da por cerrado el procedimiento sobre la facturación entre hospitales y descarta, según la resolución, que la actuación investigada haya provocado un perjuicio económico a las arcas públicas madrileñas.
