El Partido Popular ha repetido en el caso de Venezuela la misma estrategia que aplicó con la guerra en Gaza: evita evaluar directamente si la intervención de Estados Unidos y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro suponen una vulneración del Derecho Internacional. Desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo aseguran que “será un tribunal quien decida si Donald Trump ha vulnerado el Derecho Internacional”, esquivando así pronunciarse de forma explícita sobre la legalidad de la operación estadounidense.
Lee tambien: El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del voto para nacionalizados por la ‘ley de nietos’
La ejecutiva popular rehúsa reprobar públicamente al expresidente estadounidense a pesar de que la intervención militar en Caracas —que culminó con la detención de Maduro en suelo venezolano— se ha calificado por diversos expertos y líderes internacionales como una posible violación del derecho internacional al no contar con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni con el consentimiento de las autoridades venezolanas.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
En su defensa, el PP insiste en que respeta el Estado de derecho y el orden internacional, aunque no toma una postura firme sobre si EE. UU. ha actuado dentro de ese marco. En rueda de prensa, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, subrayó que “Venezuela está mejor sin Maduro que con Maduro” y reclamó la celebración de elecciones democráticas en el país latinoamericano, al tiempo que dejó abierta la puerta para que un tribunal establezca la dimensión jurídica de la intervención.
La posición oficial del PP se ha convertido en un punto de fricción tanto dentro de la escena política española como en la opinión pública, ya que el propio partido ha criticado históricamente a líderes autoritarios como Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Sin embargo, ante las preguntas sobre la acción de Trump, los dirigentes populares repiten que no corresponde a su formación decidir si se ha infringido el Derecho Internacional, sino a las instancias jurisdiccionales competentes.
Además, desde Génova han apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez busca “usar la crisis venezolana para desviar la atención de los problemas internos y de los casos de corrupción que rodean al PSOE”, una acusación que ha ido ganando peso en los discursos de los dirigentes populares en las últimas jornadas.
Mientras tanto, en el plano internacional, la captura de Maduro sigue generando importantes críticas y debates sobre su legalidad —con líderes y organismos que han calificado la operación como una posible violación del derecho internacional— y la división política en España refleja las tensiones en torno a este episodio diplomático y jurídico de alcance global.
