El Ejecutivo central ha decidido mantener bajo llave la información detallada sobre la seguridad en el perímetro fronterizo entre Ceuta y Marruecos. Ante las insistentes preguntas del Partido Popular en el Senado, el Gobierno se ha amparado en la Ley de Secretos Oficiales para evitar desvelar el número de agentes desplegados, los refuerzos enviados en los últimos dos años o el funcionamiento real de los sensores de detección.
Según una información publicada por El Faro de Ceuta, el Ministerio del Interior justifica este «enrocamiento» basándose en acuerdos del Consejo de Ministros que datan de 1986 y 1994. Bajo este marco legal, cualquier dato sobre sistemas de mando, control, comunicación o procedimientos operativos de vigilancia fronteriza tiene la clasificación de secreto, impidiendo que trascienda la «arquitectura de seguridad» de la valla.
Sin rastro de refuerzos ni auditorías
La opacidad del Gobierno deja sin respuesta cuestiones clave planteadas por los populares, tales como:
- El número exacto de guardias civiles destinados al vallado.
- La duración de los refuerzos extraordinarios enviados durante 2024 y 2025.
- El motivo por el cual los sensores de movimiento sufren retardos en su activación.
- La existencia de auditorías técnicas ante posibles fallos del sistema.
El ataque con garfio: «Un hecho no recurrente»
Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la agresión sufrida por un guardia civil el pasado 13 de diciembre, atacado por un inmigrante subsahariano con un garfio. Mientras asociaciones como la AUGC calificaron el acto como un intento de homicidio, el Gobierno ha rebajado la gravedad del incidente en su respuesta oficial.
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El Ejecutivo sostiene que estos hechos «no son recurrentes ni habituales» y que, por tanto, las medidas se han limitado a reforzar charlas preventivas y de autoprotección. No obstante, dejan la puerta abierta a «valorar la modificación de los procedimientos de actuación» si la situación lo requiere en el futuro.
Defensa del sistema de esclusas
Respecto a las críticas por la seguridad de los agentes, el Gobierno ha defendido el funcionamiento de las esclusas instaladas en mayo de 2023. Actualmente, existen 13 tramos operativos que pueden ser controlados tanto in situ como de forma remota desde el Centro Operativo de Servicios (COS).
A pesar de las dudas de la oposición, Interior sentencia que no se han detectado fallos de coordinación ni considera que este sistema suponga un aumento del riesgo para los guardias civiles que custodian la frontera.
