La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del entonces president de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, comparecerán este lunes en un careo ante la jueza que instruye la causa penal por la dana de octubre de 2024. El objetivo es aclarar las contradicciones detectadas en sus declaraciones sobre la gestión de la emergencia.
Cuenca declaró por primera vez como testigo el pasado 26 de noviembre y aseguró que desde Presidencia no se dio ninguna instrucción a Pradas durante el episodio de inundaciones. Sin embargo, días después, el 5 de diciembre, la defensa de la exconsellera —investigada en la causa— aportó varios mensajes de Cuenca que parecían desmentir esa versión.
Entre ellos figuraba uno en el que se afirmaba de forma tajante: «De confinar, nada». En otro mensaje, Cuenca explicaba que para decretar un confinamiento era necesario un estado de alarma y señalaba que esa competencia correspondía a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien estaba conectada de forma telemática al Cecopi. El exjefe de gabinete también pedía “calma” a Pradas en plena gestión de la emergencia.
A raíz de la aparición de estos mensajes, Cuenca fue citado a declarar por segunda vez el 12 de diciembre. En esa comparecencia negó haber transmitido órdenes de Mazón y sostuvo que su criterio contrario al confinamiento se basó en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat.
Ante estas afirmaciones, la jueza solicitó el 22 de diciembre un informe a la Abogacía de la Generalitat para aclarar si algún alto cargo del Consell había realizado consultas jurídicas sobre el confinamiento durante la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 víctimas mortales.
El informe, ya incorporado a la causa, señala que no se recibió ninguna consulta escrita por parte de altos cargos de Justicia, Medio Ambiente o Presidencia. No obstante, sí se produjeron varias llamadas telefónicas de corta duración esa misma tarde.
Entre ellas figura la del entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, quien preguntó al abogado coordinador de la Abogacía si un eventual confinamiento tendría cobertura legal. La respuesta fue afirmativa, indicando que existían preceptos jurídicos que lo amparaban, lo que confirma que la Abogacía respaldaba esa posibilidad.
Asimismo, el exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García contactó con el abogado general de la Generalitat para advertirle de una posible consulta por parte de Pradas si fuera necesario emitir alguna resolución relacionada con un confinamiento, a lo que el abogado general mostró su disponibilidad. Finalmente, no se produjo ninguna solicitud posterior, ni verbal ni escrita.
A la vista de estas contradicciones entre el contenido del informe y las declaraciones judiciales de Cuenca, la jueza ha decidido citar también como testigos, aunque aún sin fecha concreta, al subsecretario de Justicia del 29-O y a dos abogados de la Generalitat.
