La cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno ha finalizado este miércoles con un rechazo prácticamente unánime por parte de las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña. El encuentro, celebrado en Madrid entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros autonómicos de Economía, se prolongó durante más de cuatro horas.
Durante la reunión, la mayoría de los representantes autonómicos trasladaron a Montero su desacuerdo con el nuevo modelo y expresaron su malestar por el hecho de que la propuesta fuera anunciada previamente por el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.
Consejeros como el de Murcia, Luis Alberto Marín, o la de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, coincidieron en señalar que todas las comunidades presentes, salvo Cataluña, manifestaron su oposición al sistema planteado. Albert aseguró además que la propuesta no saldrá adelante en el Congreso por falta de apoyos suficientes, incluso entre los socios del propio Gobierno y de investidura.
«¿Cómo va a aprobarse este acuerdo?», se preguntó la consejera madrileña.
Pese a las críticas, María Jesús Montero se mostró confiada en que el Ejecutivo logre aprobar la futura ley orgánica que regulará el nuevo modelo de financiación. En rueda de prensa, la vicepresidenta afirmó que ahora se abre un periodo de negociación en el que las comunidades podrán presentar «propuestas concretas» de mejora, antes de iniciar conversaciones con los grupos parlamentarios.
Montero aseguró estar dispuesta «a lo que se necesite» para alcanzar un acuerdo y defendió que el nuevo sistema es «mejor que el anterior».
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La ministra negó de forma tajante que la propuesta incluya un supuesto «cupo separatista» para Cataluña y rechazó que se trate de un modelo diseñado para beneficiar a una sola comunidad. Según explicó, el sistema garantiza la suficiencia financiera y destina 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, más de 15.000 millones de ellos a territorios gobernados por el Partido Popular.
Durante la reunión, Montero también informó de que la adhesión al nuevo modelo será voluntaria, de modo que las comunidades podrán optar entre el sistema vigente o el nuevo. La diferencia entre ambos supondría cerca de 21.000 millones de euros adicionales en 2027 para las comunidades de régimen común. Además, anunció el inicio de una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico.
Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la propuesta como una «improvisación» destinada a mantener a Pedro Sánchez en el poder. Recordó que su partido presentó una alternativa en septiembre de 2024 sin haber recibido respuesta del Ejecutivo.
Incluso comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, mostraron su rechazo. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, denunció la falta de negociación interna en el partido y calificó la forma de presentar el modelo como una «falta de respeto» institucional.
En contraste, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió la propuesta del Gobierno y la calificó como «el mejor sistema de financiación de la historia de la democracia». Illa aseguró que el modelo permite reforzar los servicios públicos en todo el país y afirmó que «nadie pierde», instando a las comunidades del PP a plantear una alternativa mejor si no están de acuerdo.
