La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno ha generado expectativas de mejora en la vida cotidiana de miles de migrantes que residen en España sin documentación. Para muchos de ellos, la medida supone una oportunidad para acceder a derechos básicos, mejorar sus condiciones laborales y dejar atrás una situación marcada por la precariedad y la incertidumbre.
La iniciativa, que podría beneficiar a más de medio millón de personas —en su mayoría de origen latinoamericano—, ha abierto un intenso debate político y social en el que participan partidos, empresarios y expertos. Sin embargo, los propios migrantes consideran que sus testimonios han tenido hasta ahora poca presencia en la discusión pública.
Varios posibles beneficiarios coinciden en señalar las dificultades para encontrar empleo formal o acceder a una vivienda sin tener los papeles en regla. La falta de documentación les obliga a aceptar trabajos informales y a vivir con temor a perder lo poco que han conseguido, lo que limita sus planes de futuro. Con la regularización, esperan poder trabajar legalmente, mejorar su estabilidad y proyectar su vida a largo plazo.
En muchos casos, la precariedad se acompaña de situaciones de vulnerabilidad. Valeria —nombre ficticio—, hondureña de 35 años, relata haber sufrido acoso laboral debido a su situación irregular. Según cuenta, la falta de documentación la ha obligado a soportar abusos por miedo a perder su sustento.
Otros migrantes subrayan que la ausencia de papeles también les ha impedido acceder a empleos acordes a su formación. Josué, también hondureño, explica que no pudo ser contratado en un restaurante pese a cumplir los requisitos y contar con estudios de cocina. Confía en que la regularización le permita mejorar su calidad de vida y trabajar en condiciones legales.
Jaime, peruano de 54 años y solicitante de asilo, estudia actualmente un máster en manufactura digital. Asegura que ha perdido oportunidades para integrarse en empresas del sector industrial por su situación administrativa. A su juicio, la medida representa un paso necesario para la integración y el reconocimiento de derechos.
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Las dificultades no se limitan al ámbito laboral. Migrantes en situación irregular señalan obstáculos para acceder a vivienda, atención sanitaria o educación. Jessica Basanta, colombiana de 34 años, afirma que la falta de documentación ha afectado a su familia, como en el caso de su hermano, que no pudo obtener una tarjeta de discapacidad tras sufrir una lesión.
En redes sociales, algunos migrantes han comenzado a compartir su experiencia. Suyapa, hondureña de 29 años y creadora de contenido en TikTok, explica que la regularización podría permitirle acceder a un empleo estable y con derechos, después de años trabajando en la limpieza y el cuidado de personas mayores sin contrato. Considera que la medida les daría estabilidad y la posibilidad de planificar el futuro.
Para quienes tienen hijos a cargo, la situación resulta aún más compleja. Manuela —nombre ficticio—, rumana y madre soltera de un niño con problemas de salud, relata las dificultades para conciliar el cuidado familiar con trabajos informales. Sin residencia legal, afirma, no puede acceder a ayudas como la baja por maternidad ni a recursos para el cuidado infantil.
Aunque cada historia es distinta, todas coinciden en un mismo deseo: que la regularización extraordinaria permita dejar atrás la inseguridad y abrir un nuevo horizonte. Para muchos, la medida representa la oportunidad de construir una vida más estable y cumplir los proyectos que los llevaron a emigrar.
