La defensa de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha solicitado este jueves la suspensión de la vista preliminar del juicio por la supuesta trama de las mascarillas, que el Tribunal Supremo tenía previsto celebrar. La abogada Leticia de la Hoz argumenta la petición en la necesidad de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para determinar qué órgano judicial es competente para juzgar a García, a Ábalos y al empresario Víctor de Aldama, después de que el exministro haya perdido su aforamiento al renunciar al acta de diputado.
Según la defensa, de aceptarse la solicitud, la vista oral se suspendería hasta que el TJUE resuelva. El escrito se presentó apenas una hora antes del inicio previsto de la audiencia, fijada para las 11:00 horas. Durante las últimas semanas, García había cuestionado la competencia del Supremo para continuar con el caso tras la renuncia de Ábalos al Congreso.
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Por otra parte, la Sala Penal del Supremo ha anunciado cambios en la composición del tribunal. La magistrada progresista Susana Polo sustituirá a Vicente Magro, quien tenía otros compromisos judiciales relevantes. Con esta incorporación, el tribunal quedará formado por siete magistrados: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Susana Polo y Javier Hernández. Se trata del segundo cambio en 24 horas, tras la baja médica de Ana Ferrer.
En paralelo, el Supremo rechazó la petición del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de personarse en la vista preliminar, pese a que está imputado en otro procedimiento relacionado con adjudicaciones de obras públicas que habían sido derivadas a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos. La defensa de Cerdán alegaba que en la sesión se analizarían “aspectos esenciales del procedimiento” y que las decisiones adoptadas no serían recurribles.
Con estas medidas, el juicio por el caso de las mascarillas entra en una fase de incertidumbre, mientras se espera la resolución del TJUE sobre la competencia judicial, que podría determinar si finalmente corresponde celebrarlo en el Supremo o en otro tribunal.
