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El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha elevado su batalla judicial al Tribunal Constitucional (TC). Su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, ha presentado este lunes un recurso de amparo solicitando la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por un delito de revelación de secretos.
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La condena, dictada por una mayoría de cinco magistrados frente a dos, impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo y una multa de 7.200 euros. El caso se centra en la filtración de información relacionada con la causa por fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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Los argumentos del recurso: «Vulneración de derechos»
En el escrito remitido al tribunal de garantías, al que ha tenido acceso EFE, la representación legal del ex fiscal general sostiene que la sentencia del Supremo ha vulnerado derechos fundamentales esenciales:
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- Libertad de expresión: Defienden que la actuación de García Ortiz se enmarcó en el deber de informar ante una situación de interés público.
- Tutela judicial efectiva: Cuestionan el proceso que llevó a la condena.
- Irregularidades en el registro: Denuncian la «desproporción y falta de motivación» del registro realizado en su despacho de la Fiscalía General por orden del juez Ángel Hurtado.
Un caso de «relevancia social y política»
El recurso no solo se limita a la defensa personal de García Ortiz, sino que subraya que el caso trasciende lo individual. Según el texto, el conflicto plantea una «cuestión jurídica de relevante y general repercusión social», con consecuencias que afectan directamente al equilibrio político y al funcionamiento de las instituciones del Estado.
Este movimiento jurídico se produce de forma paralela al recurso ya presentado por la propia Fiscalía, sumando presión sobre el Tribunal Constitucional para que determine si la actuación del ex fiscal general fue un delito penal o un ejercicio legítimo de sus funciones informativas.
