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El ‘Informe de situación de 2025’ revela graves carencias de especialistas, principalmente radiólogos y patólogos, lo que amenaza con provocar retrasos diagnósticos ante la inminente ampliación de la población diana.
MADRID – La radiografía del sistema sanitario español respecto a la prevención oncológica muestra importantes fisuras de gobernanza y recursos. Únicamente tres comunidades autónomas consideran que disponen de personal sanitario suficiente para realizar los programas de cribado de cáncer de mama de forma totalmente efectiva. Así lo desvela el ‘Informe de situación de los procesos del programa de cribado de cáncer de mama en España de 2025’, elaborado a partir de los datos requeridos por el Ministerio de Sanidad a las administraciones autonómicas.
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El documento oficial expone una preocupante brecha de recursos humanos en la mayor parte del país: mientras diez autonomías admiten que su personal solo cubre «parcialmente» las necesidades del servicio, otras cinco confiesan abiertamente que sus plantillas son «insuficientes». Los expertos alertan de que este déficit estructural —protagonizado por la escasez crítica de radiólogos y patólogos— podría derivar de forma inminente en retrasos en la detección de tumores.
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Sobrecarga y falta de especialistas
Entre los principales obstáculos trasladados por los gobiernos regionales destaca, además de la vacante de plazas médicas, la falta de exclusividad del personal asignado a estas unidades. Gran parte de los especialistas deben compaginar las tareas preventivas del cribado con labores puramente asistenciales, lo que ralentiza el ritmo de las lecturas de mamografías y la posterior citación para pruebas de confirmación diagnóstica en caso de sospechas de malignidad.
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La situación temporal para las pruebas complementarias tras un resultado dudoso o positivo también varía de forma drástica según el territorio: casi la mitad de las comunidades logran acortar la espera a menos de 15 días concediendo máxima prioridad asistencial. Sin embargo, un total de ocho comunidades autónomas carecen por completo de tiempos máximos establecidos por protocolo para realizar las pruebas que ratifiquen el diagnóstico tras la derivación de la paciente.
Un sistema tensionado ante la ampliación de edad
Los datos recabados corresponden al ejercicio de 2025, un escenario previo a la reciente decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad de ampliar de forma rutinaria el rango de edad de la población diana. Los cribados bianuales, que históricamente se focalizaban de manera general en mujeres de entre 50 y 69 años, han sido formalmente extendidos para cubrir el tramo comprendido entre los 45 y los 74 años.
Aunque algunas comunidades como Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja ya habían incorporado previamente la franja de 45 a 49 años, y Galicia operaba con el grupo de 70 a 74 años (con una tasa de detección del 8,7% en 2023), todas las autonomías dispondrán ahora de un periodo de aplicación de hasta seis años para universalizar el nuevo mapa de edad. No obstante, el sector sanitario observa con inquietud esta ampliación, cuestionando cómo se absorberá el incremento masivo de pacientes si la actual plantilla médica ya es considerada precaria por la inmensa mayoría de las autonomías.
Canales de captación y seguimiento
En lo que respecta a la gestión de las convocatorias, catorce comunidades autónomas cuentan con protocolos específicos estandarizados, mientras que las cinco restantes combinan sistemas o aprovechan el contacto directo de la ciudadana con el sistema de atención primaria.
El informe destaca de manera positiva el esfuerzo de recaptación: en 17 autonomías se efectúa un seguimiento sistemático a aquellas mujeres que no acuden o no responden a la citación inicial, empleando de forma activa recordatorios a través de cartas físicas, mensajes SMS, llamadas telefónicas personalizadas o mediante notificaciones en la aplicación móvil de sus respectivos servicios de salud.
