El expresidente de la Generalitat califica de «extremadamente grave» la providencia del órgano contable y apela a la Comisión Europea para que actúe ante un supuesto incumplimiento del derecho comunitario.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha arremetido este miércoles contra el Tribunal de Cuentas acusando a la institución de «desobedecer conscientemente» la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la aplicación de la ley de amnistía. Las declaraciones de Puigdemont se producen tras la providencia dictada por el órgano contable, en la que se plantea no amnistiar a una treintena de ex altos cargos del Govern si se confirma el uso de fondos europeos durante el procés.
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Denuncia formal ante la Comisión Europea
La reacción del expresidente llega un día después de que su equipo legal presentara una denuncia formal contra España ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario. La defensa sostiene que la negativa a aplicar de forma directa la amnistía choca frontalmente con el aval previo emitido por la justicia europea.
En un escrito publicado en la red social X bajo el título «¿La UE tolerará a Madrid aquello que exigió a Varsovia?», Puigdemont denunció que la decisión del Tribunal de Cuentas supone reabrir una causa que, a su juicio, la jurisdicción europea consideraba ya cerrada.
Principales puntos del pronunciamiento de Puigdemont:
- Acusaciones directas: Tacha la resolución firmada por la consejera Elena Hernáez Salguero de «desafío en toda regla» a la justicia europea y advierte de que la instructora no debería salir «indemne» de esta decisión.
- Comparación internacional: Compara la actuación de los tribunales españoles con las posturas euroescépticas mantenidas históricamente por los gobiernos de Polonia o Hungría ante las directrices de Bruselas.
- Advertencia a las instituciones europeas: Señala que si la Comisión Europea tolera en Madrid lo que sancionó en Varsovia, estará certificando que «las sentencias europeas se cumplen o no según quién sea el acusado».
Con este nuevo choque institucional, la aplicación efectiva de la norma de gracia para los encausados por los gastos del 1-O vuelve a situarse en el centro de la controversia jurídica entre España y los tribunales comunitarios.
