Barcelona — El expresidente catalán Carles Puigdemont y su defensa letrada, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, han activado una nueva vía de presión frente al Tribunal Supremo ante la demora en la aplicación de la Ley de Amnistía. Para ello, se basan en la doctrina jurisprudencial sentada por el histórico caso de un profesor austríaco ante la justicia comunitaria, con la que amenazan con exigir la responsabilidad patrimonial del Estado español e indemnizaciones económicas por los perjuicios causados.
El precedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina comunitaria
La estrategia legal de la defensa de Puigdemont recurre a los principios fijados en la jurisprudencia de la Unión Europea sobre el incumplimiento o retraso deliberado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
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- Responsabilidad del Estado: La doctrina invocado sostiene que el incumplimiento sistemático o el retraso injustificado por parte de los órganos judiciales de un Estado en la aplicación de la normativa comunitaria o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) faculta a los afectados a reclamar compensaciones económicas directas al Estado.
- Mensaje al Tribunal Supremo: La defensa traslada de este modo una advertencia explícita a la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el coste financiero e institucional que podría acarrear la inaplicación o el freno a la medida de gracia.
Ofensiva paralela ante la Comisión Europea
Este argumento jurídico apuntala la denuncia que el propio Puigdemont elevó recientemente ante la Comisión Europea, acusando a los tribunales españoles de dilatar de forma indebida el perdón judicial a pesar del marco legal aprobado y de los avales emitidos desde Luxemburgo.
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Con este movimiento, el entorno del expresidente busca fijar en la arena comunitaria las posibles consecuencias económicas de la parálisis judicial, elevando la tensión procesal entre la justicia española y los órganos de resolución europeos.
