La nueva normativa europea sobre el derecho a reparar comienza a aplicarse desde este mes de agosto con el objetivo de prolongar la vida útil de móviles, televisores y grandes electrodomésticos. Los fabricantes deberán ofrecer la reparación de determinados productos incluso cuando haya terminado la garantía legal, siempre que el arreglo sea técnicamente posible.
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La Unión Europea quiere acabar con la situación habitual en la que reparar un teléfono, una televisión o un electrodoméstico resulta tan caro o complicado que el consumidor termina comprando uno nuevo.
Desde el 31 de julio de 2026, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la Directiva europea sobre reparación de bienes. La norma obliga a los fabricantes a ofrecer soluciones de reparación para determinados productos sujetos a requisitos europeos de reparabilidad, también cuando ya se encuentren fuera del periodo de garantía.
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La obligación no implica que todos los aparatos tengan que repararse gratuitamente ni que cualquier producto pueda arreglarse indefinidamente. El fabricante podrá cobrar por el servicio, pero deberá hacerlo a un precio razonable que no esté diseñado para disuadir al consumidor de elegir la reparación.
El arreglo también deberá completarse dentro de un plazo razonable desde que la empresa reciba el producto o tenga acceso a él. Cuando la reparación sea imposible por razones técnicas o legales, el fabricante podrá quedar exento y ofrecer, en su caso, un artículo reacondicionado.
Móviles, televisores y electrodomésticos incluidos
La normativa afecta a una lista concreta de productos. Entre los principales dispositivos incluidos se encuentran los teléfonos móviles, smartphones, tabletas, televisores y otras pantallas electrónicas.
También alcanza a electrodomésticos habituales como lavadoras, lavadoras-secadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras y aspiradoras, además de determinados servidores, equipos de almacenamiento de datos, aparatos de soldadura y productos con baterías para medios de transporte ligeros.
No todos los artículos de uso cotidiano están cubiertos actualmente. Algunos pequeños electrodomésticos y accesorios electrónicos, como determinadas cafeteras o auriculares, permanecen fuera de la obligación europea, aunque la lista podrá ampliarse en el futuro.
Las marcas no podrán dificultar deliberadamente el arreglo
Otro de los cambios importantes afecta a las prácticas empleadas por algunos fabricantes para limitar las reparaciones independientes.
Las empresas no podrán utilizar bloqueos de hardware, restricciones de software o cláusulas contractuales que impidan injustificadamente reparar los productos incluidos en la normativa. Tampoco podrán obstaculizar el uso de piezas originales, compatibles, de segunda mano o fabricadas mediante impresión 3D, siempre que cumplan las normas de seguridad y propiedad intelectual.
Además, una marca no podrá rechazar una reparación únicamente porque el dispositivo haya sido arreglado anteriormente por un servicio técnico independiente o por otra persona. El consumidor seguirá teniendo libertad para acudir al reparador que considere más conveniente.
Los fabricantes que comercialicen piezas de recambio y herramientas también deberán ofrecerlas a precios razonables. Asimismo, tendrán que publicar en una página web accesible información orientativa sobre el coste de las reparaciones más habituales.
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Un año adicional de garantía cuando se elija reparar
La nueva regulación también introduce un incentivo para los productos que todavía se encuentran dentro de la garantía legal.
Cuando el consumidor elija reparar el artículo defectuoso en lugar de sustituirlo, la garantía se ampliará durante al menos 12 meses adicionales. En España, la garantía legal de los productos nuevos es actualmente de tres años.
La medida pretende que la sustitución deje de ser la respuesta automática ante cualquier avería y que reparar resulte una alternativa real, accesible y económicamente razonable.
Qué debe hacer el consumidor ante una avería
Cuando se estropee uno de los productos incluidos, el usuario podrá solicitar directamente al fabricante información sobre la reparación. La empresa deberá indicar el precio o la forma de calcularlo, el plazo estimado y las condiciones del servicio.
Aunque exista la obligación de ofrecer el arreglo, será el consumidor quien decida si acepta el presupuesto o prefiere buscar otro reparador. La normativa no establece una tarifa única, pero sí exige que los precios y las condiciones no se utilicen para desalentar deliberadamente la reparación.
El objetivo final es reducir los residuos electrónicos, prolongar la duración de los aparatos y frenar el modelo de consumo basado en utilizar, desechar y sustituir. A partir de ahora, reparar un dispositivo fuera de garantía deberá ser una opción efectiva y no un camino lleno de obstáculos.
