Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han expresado su “dolor por las pérdidas humanas” registradas durante la crisis migratoria de Ceuta y han reclamado una respuesta institucional basada en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad de las personas.
Las asociaciones consideran “graves” los acontecimientos ocurridos en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 personas fallecidas, además de un número todavía indeterminado de heridos y desaparecidos.
En un comunicado conjunto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) trasladaron su solidaridad a las familias de las víctimas y a la ciudadanía de Ceuta y Melilla.
Ambas organizaciones reconocen que el control de las fronteras es una competencia legítima del Estado y que las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.
No obstante, advierten de que estas actuaciones deben desarrollarse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos.
“Ninguna finalidad, por legítima que sea, puede anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas”, sostienen las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales subrayan que una situación de elevada presión migratoria no suspende la vigencia de los derechos fundamentales ni reduce las obligaciones propias de un Estado democrático.
A su juicio, es precisamente durante los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben reafirmar su compromiso con la legalidad y actuar de forma proporcional, independientemente del origen o de la situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado también advierte de que la crisis no puede utilizarse para alimentar discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones reclaman evitar que la tragedia se convierta en un motivo de fractura social o de enfrentamiento entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF consideran que lo sucedido demuestra la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada dentro de la Unión Europea.
Esa estrategia, señalan, debe combinar una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes intentan llegar a territorio europeo.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles”, defienden en el manifiesto, suscrito también por organizaciones europeas de magistrados y entidades defensoras de los derechos humanos.
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Las asociaciones concluyen que solo mediante ese equilibrio será posible ofrecer una respuesta acorde con los valores constitucionales y europeos y evitar que una catástrofe humanitaria provoque una mayor división social.
