Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han expresado su “dolor por las pérdidas humanas” registradas durante la crisis migratoria de Ceuta y han reclamado una respuesta institucional basada en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad de las personas.
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Las asociaciones consideran “graves” los acontecimientos ocurridos en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 personas fallecidas, además de un número todavía indeterminado de heridos y desaparecidos.
En un comunicado conjunto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) trasladaron su solidaridad a las familias de las víctimas y a la ciudadanía de Ceuta y Melilla.
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Ambas organizaciones reconocen que el control de las fronteras es una competencia legítima del Estado y que las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.
No obstante, advierten de que estas actuaciones deben desarrollarse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos.
“Ninguna finalidad, por legítima que sea, puede anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas”, sostienen las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales subrayan que una situación de elevada presión migratoria no suspende la vigencia de los derechos fundamentales ni reduce las obligaciones propias de un Estado democrático.
A su juicio, es precisamente durante los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben reafirmar su compromiso con la legalidad y actuar de forma proporcional, independientemente del origen o de la situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado también advierte de que la crisis no puede utilizarse para alimentar discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones reclaman evitar que la tragedia se convierta en un motivo de fractura social o de enfrentamiento entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF consideran que lo sucedido demuestra la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada dentro de la Unión Europea.
Esa estrategia, señalan, debe combinar una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes intentan llegar a territorio europeo.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles”, defienden en el manifiesto, suscrito también por organizaciones europeas de magistrados y entidades defensoras de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que solo mediante ese equilibrio será posible ofrecer una respuesta acorde con los valores constitucionales y europeos y evitar que una catástrofe humanitaria provoque una mayor división social.
