Tras la amenaza de Marruecos de suspender el acuerdo de extradición, los populares marcan un giro en su estrategia: acusan al Gobierno de «inacción» diplomática y reclaman llamar a consultas a la embajadora del reino alauí.
MADRID / BARCELONA. — El Partido Popular ha culminado un notable viraje en su estrategia política ante la crisis migratoria de Ceuta, elevando de forma directa el tono contra Marruecos e incrementando la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras la amenaza del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Uahbi, de congelar el tratado de extradición bilateral y sus renovadas reclamaciones sobre la soberanía de las ciudades autónomas, la dirección nacional de los populares ha fijado una postura contundente: «Ceuta y Melilla son España. En consecuencia, no se negocian. Se defienden», sentenció el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.
El cambio de discurso —que contrasta con las posiciones más cautas mostradas por la dirección del partido en los primeros días tras los cruces masivos en la frontera— sitúa ahora en el punto de mira tanto a la diplomacia de Rabat como a la respuesta de Moncloa. Desde Génova se cuestiona abiertamente la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y se acusa al Gobierno central de falta de contundencia a la hora de proteger la integridad territorial española.
Ofensiva parlamentaria y reproches diplomáticos
En una comparecencia desde Barcelona, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, criticó con dureza que el Ejecutivo no haya tomado medidas de protesta formal ante el embate de las autoridades marroquíes. «¿Cómo es posible que después de una invasión, y de que se cuestione la españolidad de Ceuta y Melilla, no se haya llamado a consultas a la embajadora de Marruecos?», cuestionó De los Santos, quien contrapuso esta actitud con la firmeza exhibida por Moncloa en otros litigios diplomáticos europeos.
Paralelamente, el grupo popular ha registrado una batería de preguntas parlamentarias escritas dirigidas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para exigir explicaciones urgentes sobre el estado de la cooperación jurídica con el país vecino y los mecanismos previstos ante una eventual suspensión de los acuerdos de extradición.
Exigencia de agilizar las devoluciones
Más allá del pulso diplomático, los populares han vuelto a urgir al Ejecutivo a acelerar la tramitación de los expedientes de expulsión de las miles de personas que continúan en Ceuta tras las entradas registradas desde finales de julio. La formación insiste en agilizar especialmente la repatriación de los menores no acompañados —cuyo número las estimaciones oficiales sitúan en torno a los 4.000— apelando a la aplicación del acuerdo bilateral de protección firmado entre ambos países en 2007.
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Con este movimiento, el PP busca estrechar el margen de maniobra del Gobierno en su política exterior, exigiendo garantías de que la soberanía de los enclaves norteafricanos permanezca al margen de cualquier negociación o cesión ante Rabat.
