El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta el último tramo de la legislatura con una larga lista de proyectos pendientes de culminar en el Congreso. La reforma de la conocida como «ley mordaza», la Ley de Familias, la nueva normativa sobre información clasificada, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el blindaje constitucional del aborto o la regulación de los medios de comunicación continúan en diferentes fases de tramitación y con un futuro condicionado por la fragmentación parlamentaria.
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El escenario político complica especialmente la aprobación de aquellas iniciativas que necesitan mayorías amplias. La pérdida de apoyos estables en el Congreso y las diferencias entre los propios socios parlamentarios han convertido algunas promesas legislativas en expedientes que acumulan meses e incluso años de retrasos.
La situación es especialmente evidente en la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015. El intento de modificar la norma, conocida por sus detractores como «ley mordaza», sigue atascado tras varios intentos fallidos durante diferentes legislaturas. Las discrepancias sobre las devoluciones en frontera, las pelotas de goma y determinadas sanciones continúan dificultando un acuerdo.
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La reforma de la ‘ley mordaza’ sigue sin culminarse
La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana es una de las promesas más antiguas de los gobiernos presididos por Pedro Sánchez.
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El intento de reforma de la pasada legislatura terminó fracasando después de que ERC y EH Bildu rechazaran el texto en la Comisión de Interior. Entre las principales diferencias figuraban el mantenimiento de determinados aspectos relacionados con las devoluciones en caliente y el uso de material antidisturbios.
En 2024, PSOE, Sumar y EH Bildu alcanzaron un nuevo acuerdo para reactivar la reforma, al que posteriormente se sumaron otros grupos. Pese a ello, la debilidad de la mayoría parlamentaria y las discrepancias entre las formaciones implicadas han vuelto a ralentizar su avance.
La Ley de Familias acumula una larga tramitación
Otro de los proyectos que continúa pendiente es la Ley de Familias, presentada nuevamente en esta legislatura después de que el proyecto anterior decayese por la convocatoria de las elecciones generales de 2023.
La iniciativa incluye medidas dirigidas a ampliar la protección de distintos modelos familiares y permanece sometida a una extensa tramitación parlamentaria, con numerosas ampliaciones del periodo de enmiendas. El Congreso mantiene abierto el expediente legislativo correspondiente a esta norma.
Entre las medidas planteadas se encuentran una mayor protección de las familias monoparentales, cambios en determinadas deducciones y ayudas y un reconocimiento más amplio de diferentes situaciones familiares.
Parte de las medidas relacionadas con permisos por nacimiento y cuidados se han ido aprobando por otras vías, pero la ley general continúa pendiente.
La nueva ley de información clasificada tampoco despega
El Gobierno pretende sustituir la antigua normativa de secretos oficiales, que procede de 1968, por una nueva Ley de Información Clasificada.
El proyecto fue presentado en julio de 2025 y continúa en el Congreso, donde el plazo para presentar enmiendas ha sido ampliado repetidamente y figura actualmente prorrogado hasta septiembre de 2026.
La norma establece diferentes categorías de clasificación y regula los periodos durante los cuales determinados documentos pueden permanecer protegidos.
El objetivo declarado del Ejecutivo es actualizar una legislación anterior a la Constitución y aproximarla a los estándares de otros países europeos, aunque el proyecto continúa sin superar una parte sustancial de su recorrido parlamentario.
La reforma procesal de Bolaños afronta un camino difícil
La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal constituye una de las reformas más profundas impulsadas por el Ministerio de Justicia.
El proyecto plantea que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones penales, mientras los jueces pasarían a desarrollar una función de garantía y control de los derechos fundamentales durante la instrucción.
El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reconocido las dificultades parlamentarias para sacar adelante la norma debido a la fragmentación del Congreso.
La reforma ha generado además debate entre jueces, fiscales, partidos políticos y asociaciones profesionales por el nuevo papel del Ministerio Fiscal y por las modificaciones previstas en materia de acusación popular.
El Gobierno sostiene que el cambio aproxima el modelo procesal español al existente en buena parte de Europa y recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene su origen en 1882.
El blindaje constitucional del aborto necesita una mayoría complicada
Otra de las iniciativas más ambiciosas es la reforma del artículo 43 de la Constitución para incorporar expresamente la interrupción voluntaria del embarazo.
El proyecto superó a finales de abril el debate de totalidad después de que fueran rechazadas las enmiendas presentadas contra la iniciativa. La votación permitió que el texto continuara su recorrido parlamentario.
Sin embargo, la gran dificultad llegará en la votación definitiva. Al tratarse de una reforma constitucional por la vía ordinaria, necesita una mayoría de tres quintos de cada Cámara.
El texto pretende incorporar al artículo 43 una obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo mediante las prestaciones y servicios necesarios.
Sin el respaldo del principal partido de la oposición, alcanzar los votos necesarios se presenta especialmente complicado.
La regulación de los medios también sigue en el Congreso
El Gobierno remitió en julio de 2025 al Congreso el proyecto para mejorar la gobernanza democrática en los servicios digitales y la ordenación de los medios de comunicación.
La norma forma parte de la estrategia impulsada por el Ejecutivo para aumentar la transparencia en la propiedad y financiación de los medios y reforzar determinadas obligaciones relacionadas con el entorno digital.
Durante 2026 se han celebrado comparecencias de expertos y representantes del sector en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para analizar el proyecto.
El texto contempla, entre otras cuestiones, mecanismos de transparencia sobre la estructura de propiedad de las empresas de comunicación y la financiación pública que reciben.
La Ley del Cine logra avanzar, pero aún tiene recorrido
La Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual es una de las iniciativas pendientes que sí ha conseguido avanzar durante los últimos meses.
El proyecto superó el debate de totalidad el 18 de junio de 2026 y posteriormente pasó a la fase de informe en la Comisión de Cultura.
La norma pretende actualizar las ayudas al sector audiovisual, regular determinados aspectos de la exhibición cinematográfica y adaptar la legislación española a los cambios experimentados por el sector durante los últimos años.
Aun así, todavía debe completar diferentes fases parlamentarias antes de convertirse definitivamente en ley.
El calendario aprieta al Ejecutivo
El principal enemigo de todas estas iniciativas es ahora el tiempo. La legislatura se acerca a su tramo decisivo y el Gobierno necesita mantener apoyos suficientes para sacar adelante textos que en algunos casos llevan años acumulando retrasos.
La fragmentación del Congreso obliga al Ejecutivo a negociar prácticamente cada votación, mientras algunos proyectos requieren acuerdos especialmente amplios.
La Ley de Familias, la reforma de la «ley mordaza», la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la normativa de información clasificada, la regulación de los medios y la reforma constitucional sobre el aborto forman así parte de una larga lista de compromisos cuyo futuro dependerá de la capacidad del Gobierno para reconstruir mayorías antes de que termine la legislatura.
