La entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio ha vuelto a situar en el centro del debate político la posibilidad de modificar la Ley de Extranjería. El objetivo planteado por Ceuta, Melilla y varios partidos de la oposición es ampliar los supuestos de rechazo en frontera y agilizar los procedimientos de retorno cuando se producen llegadas irregulares de gran magnitud.
La discusión ha cobrado fuerza después de que decenas de miles de personas accedieran a Ceuta desde Marruecos entre los días 30 y 31 de julio. Casi tres semanas después, miles continúan todavía en la ciudad mientras las administraciones tramitan solicitudes de protección internacional, expedientes de devolución y otras actuaciones de manera individualizada.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lleva semanas reclamando una reforma legal que permita responder con mayor rapidez ante situaciones extraordinarias. Desde Melilla, su presidente, Juan José Imbroda, también ha defendido cambios que adapten la legislación a las entradas por vía marítima.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la puerta tras la crisis a estudiar modificaciones normativas destinadas a mejorar la eficacia de los procedimientos de repatriación.
El Supremo limitó las devoluciones inmediatas de quienes llegan a nado
Buena parte del debate tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio.
El alto tribunal confirmó que la regulación actual no permite aplicar las denominadas devoluciones en caliente a las personas que intentan acceder a Ceuta y Melilla nadando por el mar cuando no están superando los elementos físicos de contención de la frontera.
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La disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería establece actualmente que pueden ser rechazados aquellos extranjeros detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los «elementos de contención fronterizos» para entrar irregularmente en España.
La interpretación del Supremo ha puesto de manifiesto una diferencia jurídica entre quienes intentan superar físicamente las vallas fronterizas y quienes acceden por otros puntos, especialmente por mar.
Tras la sentencia, Ceuta y Melilla han pedido que la ley deje expresamente claro que el rechazo en frontera puede aplicarse también a quienes intenten entrar irregularmente a través de puntos no habilitados por vía marítima.
El PP ya ha planteado una reforma
El Partido Popular ha impulsado una iniciativa para modificar la legislación y extender el régimen especial de Ceuta y Melilla a las entradas irregulares por mar.
La formación reclama que el mecanismo de rechazo fronterizo no dependa exclusivamente de que una persona haya intentado saltar una valla u otro elemento físico. El objetivo sería permitir una actuación similar cuando se acceda nadando o por otras zonas no habilitadas.
Vivas ha pedido además que PSOE y PP alcancen un acuerdo de Estado en materia migratoria y fronteriza, al considerar que la situación de Ceuta y Melilla requiere un marco estable que no dependa únicamente de las mayorías parlamentarias de cada momento.
Vox también reclama medidas más estrictas sobre inmigración irregular, mientras que otras formaciones han expresado posiciones diferentes sobre el alcance que deberían tener las devoluciones y las garantías jurídicas aplicables.
Miles de expedientes no pueden resolverse de forma automática
Uno de los principales problemas que ha dejado al descubierto la crisis es la capacidad administrativa para tramitar de forma individual la situación de miles de personas en un periodo muy corto.
Cuando una persona ya ha entrado en territorio español, su devolución o expulsión está sometida a procedimientos y garantías establecidos tanto por la legislación española como por el derecho europeo e internacional.
Además, cualquier persona puede solicitar protección internacional si considera que sufre persecución en su país de origen o existe riesgo grave para su vida o integridad.
Estas circunstancias hacen que una llegada masiva no pueda traducirse automáticamente en una expulsión colectiva.
El Ministerio del Interior ha reforzado el personal de Extranjería destinado en Ceuta para acelerar la identificación y tramitación de los expedientes, pero las autoridades ceutíes consideran insuficientes los recursos disponibles ante una situación de esta magnitud.
Ceuta pide una respuesta excepcional para situaciones excepcionales
Vivas sostiene que la entrada masiva ha demostrado la necesidad de establecer protocolos específicos para episodios que afectan simultáneamente a la frontera, la seguridad, los servicios públicos y la atención humanitaria.
Desde el Gobierno ceutí se ha reclamado repetidamente la creación de un mando único estatal que coordine Interior, Defensa, Sanidad, Migraciones y el resto de departamentos implicados.
El presidente autonómico también ha planteado la conveniencia de analizar si el marco legal de Seguridad Nacional ofrece herramientas suficientes para responder a una crisis fronteriza de gran magnitud.
El Gobierno central, sin embargo, ha optado hasta ahora por coordinar los distintos departamentos sin declarar formalmente una situación de interés para la Seguridad Nacional. Este lunes, Pedro Sánchez reúne nuevamente a varios ministros para evaluar la evolución de la crisis.
Las garantías jurídicas marcan el límite de cualquier reforma
Cualquier cambio legislativo deberá respetar tanto la Constitución como los compromisos internacionales asumidos por España.
El Tribunal Constitucional ya estableció que el régimen especial de rechazo en frontera de Ceuta y Melilla debe interpretarse conforme a las garantías previstas por el ordenamiento jurídico y teniendo en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad y protección internacional.
Por este motivo, ampliar los supuestos de rechazo en frontera no significa necesariamente que puedan realizarse expulsiones automáticas sin ningún tipo de control.
El debate jurídico se centra precisamente en encontrar un mecanismo que permita actuar con rapidez en la frontera sin eliminar el derecho de las personas a solicitar asilo ni las garantías frente a devoluciones que puedan ponerlas en peligro.
La crisis puede acabar impulsando una reforma
La entrada masiva de finales de julio ha convertido una discusión jurídica que ya estaba abierta en una cuestión política urgente.
Ceuta y Melilla reclaman adaptar la Ley de Extranjería a una frontera que no termina en las vallas terrestres, mientras el PP presiona para que el Congreso aborde el cambio en el nuevo periodo de sesiones.
El Ejecutivo tampoco descarta modificaciones, aunque cualquier reforma necesitará suficientes apoyos parlamentarios y deberá superar el examen de compatibilidad con el derecho constitucional, europeo e internacional.
Mientras ese debate continúa, Ceuta sigue intentando recuperar la normalidad con miles de migrantes todavía en la ciudad y con las autoridades estatales y autonómicas presionadas para acelerar unos procedimientos que, por ley, deben analizarse con garantías individuales.
