El intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) denuncie a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, por haber pactado con la jefa del Ejecutivo italiano, la conservadora Giorgia Meloni, amenaza con desencadenar una fractura en el seno de la socialdemocracia continental. La controversia, derivada de la gestión y repercusiones de la reciente crisis migratoria de Ceuta, sitúa en una posición delicada al presidente del PSE, el sueco Stefan Löfven, cuyo ideario en materia migratoria se aproxima en mayor medida a las tesis de Copenhague que a la línea mantenida por el Gabinete español.
La distancia ideológica respecto al control de los flujos de entrada en el continente marca la dinámica interna de la formación europea. Ante la proximidad de las elecciones generales suecas, fijadas para el próximo 13 de septiembre, los socialdemócratas de Suecia aspiran a retornar al poder mediante la asunción de una política de inmigración restrictiva, análoga al modelo danés. Este contexto electoral y doctrinal limita sensiblemente el margen de maniobra de Löfven para secundar las reclamaciones procedentes de Madrid.
Inflexible postura de Copenhague y la abstención germana
La postura del Gobierno de Dinamarca se mantiene inalterable a pesar de las presiones recibidas. El portavoz socialdemócrata danés, Rasmus Stoklund, ratificó el compromiso de su organización con una regulación estricta del fenómeno migratorio, alegando la necesidad imperativa de controlar las entradas tanto a nivel nacional como comunitario. Por su parte, la propia Frederiksen subrayó durante su comparecencia de la semana pasada ante el Parlamento de su país que la problemática europea no obedece a desavenencias bilaterales entre Madrid y Copenhague, sino a las amenazas internas ejercidas por perfiles de trasfondo islámico opuestos al modelo de sociedad abierta.
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La petición formal para actuar contra la mandataria danesa cristalizó en una misiva enviada a Stefan Löfven, suscrita por el vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista español Javi López, y el responsable de Relaciones Exteriores del Partido Democratico italiano, Peppe Provenzano. Ninguna otra delegación integrada en la familia socialdemócrata europea se ha sumado al planteamiento promovido por la representación española.
Resulta de singular relevancia el silencio guardado por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Como socio minoritario dentro de la coalición de gobierno en Berlín, la formación alemana evita pronunciamientos en un debate de carácter transversal, consciente de que cualquier planteamiento proclive a flexibilizar los controles en las fronteras exteriores podría reactivar las expectativas electorales de Alternativa para Alemania (AfD).
Distanciamiento de la Comisión Europea y aislamiento en el Consejo
En el ámbito institucional, la Comisión Europea procura distanciarse de las tensiones generadas por la actitud del Ejecutivo español, buscando preservar la cohesión entre los Estados miembros. Las instancias comunitarias constatan que la corriente de opinión mayoritaria entre las cancillerías europeas se sitúa más próxima a las tesis de contención abandadas por Frederiksen —quien busca consolidar la posición danesa como doctrina general de la Unión con el respaldo de Roma— que a los planteamientos de Moncloa, que ha rechazado los ofrecimientos de apoyo de las instituciones europeas.
En este escenario, las declaraciones del portavoz oficial del Ejecutivo comunitario respecto a la eventual aplicación de la nueva directiva de retorno, que contempla la ejecución de devoluciones en frontera, han sido interpretadas dentro del ámbito diplomático como un aval implícito a la estrategia de Copenhague.
El grado de interlocución y el alcance del aislamiento del presidente español en el tablero continental quedarán expuestos en la reunión del Consejo Europeo programada para el próximo 15 de octubre, cumbre en la que la materia migratoria figurará de forma prioritaria en la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno.
