Las imágenes de varios autobuses trasladando a jóvenes hasta la frontera del Tarajal no suponen el inicio de la repatriación de los miles de menores llegados a Ceuta tras las recientes avalanchas. Fuentes oficiales desmienten categóricamente que Marruecos esté aceptando a sus ciudadanos menores de edad o que España haya activado sus entregas, aclarando que la movilización en la frontera responde únicamente a las tareas obligatorias de filiación y reseña que lleva a cabo la Policía Científica.
Hasta la fecha, las autoridades tienen registrados a cerca de 3.000 menores en la Ciudad Autónoma, aunque los cálculos oficiales señalan que la cifra final alcanzará los 4.000 a medida que se diferencie la presencia de quienes continúan resguardados. Muchos de ellos permanecen escondidos en viviendas privadas o en asentamientos informales, acudiendo paulatinamente a las naves del Tarajal cuando se agotan sus recursos para costear estancias clandestinas.
El censo de la avalancha y el procedimiento policial
Un mes después de las entradas masivas registradas a finales de julio, la prioridad de los organismos policiales es esclarecer el censo real de personas y su ubicación en el territorio ceutí. La toma de datos e identificación por parte de la Policía Científica en el punto fronterizo del Tarajal es un requisito ineludible que se aplica tanto a adultos como a menores.
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Aunque desde el Gobierno central se reitera el mensaje de que todos los adultos que accedieron irregularmente serán devueltos, el régimen de protección de la infancia impide realizar traslados directos o de carácter colectivo sin garantías legales previas.
Reorganización de recursos y liberación de colegios
Ante el elevado volumen de acogidos, el área de Menores de la Ciudad está adecuando 7 naves industriales en el Tarajal para reforzar la capacidad asistencial. Este plan permitirá completar el desalojo de centros educativos como el colegio Reina Sofía y el Príncipe Felipe, cuyos ocupantes están siendo reubicados en la nave de Loma Margarita para garantizar el reinicio del curso escolar antes del 27 de agosto.
Tensión en las barriadas y postura de la Fiscalía
Paralelamente, la Policía Nacional continúa desplegando controles para desmantelar los asentamientos improvisados, entre los que destaca el de la barriada del Príncipe, donde malviven unas 400 personas. Su presidente vecinal, Ahmed Enfedal, ha solicitado auxilio institucional para implementar vigilancia en la zona y proteger a las jóvenes acogidas frente a eventuales intrusiones.
En el plano jurídico, a pesar de que Marruecos manifestó su intención de recepcionar a los menores y desplazó autobuses al paso fronterizo, la Fiscal de Sala de Menores de España ha vetado de forma tajante cualquier entrega masiva. La Fiscalía recuerda que la norma exige incoar expedientes individuales para valorar de manera estricta el interés superior de cada niño antes de adoptar cualquier medida de retorno.
