Los sindicatos mayoritarios ceden ante la presión del Sindicato de Inquilinas y las protestas masivas, anunciando un paro de 24 horas a principios de noviembre por el acceso a la vivienda y salarios dignos.
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MADRID. — En un giro de calado político y social, las dos principales centrales sindicales del país, CCOO y UGT, irán a la huelga general en las próximas semanas. Cediendo a las demandas del Sindicato de Inquilinas, de la CGT y del clamor registrado en las multitudinarias manifestaciones del pasado fin de semana, las organizaciones lideradas por Unai Sordo y Pepe Álvarez han acordado convocar un paro de 24 horas poco antes de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.
Será la primera huelga general que respaldan de forma conjunta ambas centrales durante la presidencia de Pedro Sánchez —la última respaldada por los dos sindicatos mayoritarios data de 2012, contra los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy—. Aunque la fecha exacta se terminará de perfilar junto a las plataformas sociales, fuentes sindicales sitúan la jornada de protesta a principios de noviembre.
Exigen vivienda asequible y la subida de los salarios
A través de un comunicado conjunto, UGT y CCOO justificaron la convocatoria situando la imposibilidad de acceder a un hogar como una de las principales brechas de desigualdad laboral y económica:
«La huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico».
Las centrales sindicales han anunciado que vincularán la crisis habitacional directamente a la negociación colectiva, exigiendo el desbloqueo de los convenios colectivos pendientes y la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para que los salarios absorban el elevado coste de los alquileres e hipotecas.
Rechazo frontal de la patronal
La convocatoria ha reabierto la fractura entre los sindicatos y la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cargó duramente contra la iniciativa cuestionando su encaje legal. Según el líder empresarial, la vivienda constituye un problema social complejo pero «no se enmarca dentro de un conflicto laboral», por lo que considera que una huelga general por esta causa está fuera de la legislación vigente.
Por el contrario, las centrales defienden que la jurisprudencia avala los paros con motivación «mixta», argumentando que el encarecimiento desmedido del suelo y los alquileres erosiona directamente el poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora.
