El sindicato policial pide catalogar a las dos ciudades autónomas como «ciudades frontera» o declarar la «emergencia fronteriza» para agilizar la tramitación de expedientes y evitar permanencias de meses.
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CEUTA. — La Unión Federal de Policía (UFP) ha solicitado formalmente al Gobierno central y a las fuerzas políticas una reforma legal para prohibir o suspender temporalmente la tramitación de solicitudes de protección internacional en Ceuta y Melilla. A juicio del sindicato policial, la actual normativa garantista genera una «excesiva burocracia» que prolonga durante meses la estancia de los migrantes en la ciudad, complicando la gestión de la crisis tras los recientes desalojos en el litoral.
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La propuesta, difundida durante el operativo policial de vaciado en la playa del Trampolín, plantea considerar a ambas plazas autónomas bajo el estatus de «ciudad frontera». La organización argumenta que la saturación burocrática ataca directamente la operatividad del personal y causa perjuicios a los ciudadanos ceutíes, por lo que pide voluntad política para implementar cambios normativos que califica de «sencillos».
Reforma de la Ley de Extranjería o declaración de emergencia
Fuentes policiales sugieren dos vías principales para hacer efectiva la medida:
- Disposición adicional en la Ley de Extranjería: Incorporar un régimen específico para Ceuta y Melilla en la Ley Orgánica 4/2000 que obligue a tramitar las peticiones de asilo directamente en la Península. Como aval jurídico, señalan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la disposición adicional décima —relativa a las devoluciones en frontera—, la cual determinó que un marco legislativo diferenciado no resulta «irrazonable ni discriminatorio» dada la singularidad geográfica de ambas regiones.
- Declaración de «emergencia fronteriza»: Otorgar la facultad al Gobierno de decretar de manera temporal esta condición para suspender la recogida de solicitudes de asilo en el territorio de las ciudades autónomas mientras dure la situación de saturación.
Exigen más plantilla y despliegue de Frontex
Además de las reformas en el ámbito legislativo, la UFP ha demandado un incremento permanente de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la zona. La central sindical reclama asimismo mayor presencia de agentes de la agencia europea Frontex y un refuerzo del personal adscrito a la Oficina de Asilo y Refugio para descongestionar la tramitación de expedientes en la frontera sur.
