Tras más de cuatro horas de negociación intermediada por el Ayuntamiento de Madrid, la propiedad acepta un contrato de ocho años por unos 500 euros mensuales. El acuerdo, calificado de «hito histórico» por las activistas, queda pendiente de la ratificación de la anciana.
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MADRID — Cinco días después de que la ejecución de su desahucio generase un amplio rechazo social y político, la situación de Mari Carmen Abascal da un vuelco inédito. La empresa propietaria del inmueble, Urbagestión, alcanzó este lunes por la noche un preacuerdo con la abogada de la mujer de 87 años y sus familiares para que la anciana pueda regresar de inmediato a su piso de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.
La entente, lograda tras más de cuatro horas de reunión en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) —que ejerció de entidad mediadora—, establece un nuevo contrato de arrendamiento por un plazo de ocho años. El precio del alquiler quedará fijado en una cuantía que no superará el 30 % de las rentas netas de la inquilina, situándose en una cifra muy similar a la que venía abonando hasta la expulsión: en torno a los 500 euros al mes, sumando comunidad y suministros.
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Pendiente de la aceptación formal de la inquilina
La ratificación definitiva del texto queda ahora a la espera del visto bueno de la propia afectaba, quien continúa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón a causa del impacto de la intervención policial del pasado 23 de septiembre y desconocía aún el resultado de la negociación. Su entorno familiar le trasladará los términos del pacto a primera hora de este martes con la previsión de formalizar la firma en cuanto reciba el alta médica, dado que sus pertenencias permanecen en el interior de la vivienda.
La solución negociada se encauzará jurídicamente a través del Servicio de Intermediación del Alquiler del Consistorio madrileño. Esta fórmula contempla garantías adicionales para la propiedad —como seguros multirriesgo e impagos— y asistencia técnica para la arrendataria, evitando la vía del plan municipal Reviva, rechazado previamente por los técnicos al pesar una carga hipotecaria sobre el inmueble.
«Un hito histórico fruto del movimiento social»
Tanto la representación legal de la afectada como los portavoces del Sindicato de Inquilinas coincidieron en señalar el carácter excepcional de la resolución. «Que una persona vuelva a su casa tras haberse ejecutado un desahucio es un caso sin precedentes y demuestra la fuerza de la movilización social», subrayó Carolina Vilariño, representante del colectivo de inquilinos presente en la mesa negociadora.
Por su parte, la letrada Beatriz Duro valoró positivamente el desenlace, aunque recordó que el acuerdo «llega tarde» tras un proceso de desahucio que calificó de evitable. Desde el Sindicato de Inquilinas han advertido de que, pese al éxito del caso individual, las movilizaciones y la acampada en la Puerta del Sol continuarán activas para exigir un marco regulatorio general que impida la repetición de situaciones similares.
