El Supremo busca vías para emplazar e incorporar como afectados a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática tras cautelarmente suspender su sufragio en el CERA.
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MADRID. — La convocatoria anticipada de comicios generales ha situado al Tribunal Supremo ante un complejo dilema procedimental y constitucional. Tras haber dictado la suspensión cautelar del derecho de voto para miles de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española a través de la conocida como ‘ley de nietos’ (Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática), el Alto Tribunal estudia ahora fórmulas legales para emplazar de forma colectiva a los afectados. El objetivo es permitir que se personen en la causa judicial que frena su derecho al sufragio en las próximas elecciones.
La medida cautelar, adoptada a raíz de los recursos presentados contra los criterios de la Instrucción de la Dirección General de Fe Pública que regulaba estas inscripciones, frena la inclusión automática en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nuevos nacionalizados, salvo que acrediten de forma expresa la condición de exiliados de sus progenitores o abuelos.
La complejidad de un emplazamiento masivo en el exterior
La Sala Tercera del Tribunal Supremo se enfrenta a un desafío logístico de escala internacional. Dado que la suspensión afecta a miles de personas residentes en decenas de países —principalmente en América Latina—, el emplazamiento individual mediante notificación personalizada resulta inviable en los plazos judiciales y electorales. Por ello, los magistrados analizan fórmulas de notificación edictal global y canalizada a través de la red consular de España en el exterior.
Con este paso, el órgano judicial busca garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de los ciudadanos afectados, de modo que puedan presentar alegaciones antes de que se resuelvan los recursos pendientes formulados, entre otros, por la Abogacía del Estado.
El peso del voto exterior en el tablero político
La resolución final del Supremo sobre el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado será determinante para configurar el censo definitivo. Mientras el Alto Tribunal dirime el fondo del asunto, la suspensión cautelar deja provisionalmente fuera del proceso electoral a un volumen sustancial de nuevos electores en el extranjero.
Desde los partidos políticos, la medida cautelar se observa con máxima atención. La incorporación o exclusión de decenas de miles de sufragios en la circunscripción del CERA puede decantar escaños clave en varias provincias en unas elecciones proyectadas bajo una estrecha pugna de bloques.
