BADAJOZ / MADRID — El recorrido judicial del denominado caso David Sánchez suma un nuevo capítulo tras la presentación de los recursos de apelación por parte de tres de los procesados. Los tres condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa —en calidad de cooperadores necesarios— han impugnado formalmente el fallo judicial, presentándose como meros «daños colaterales» de una operación articulada para alcanzar la «caza mayor» del hermano del presidente del Gobierno.
Lee tambien: La Audiencia Nacional analiza los audios que aludían a «eliminar» a la jueza del hermano de Pedro Sánchez
Según revela La Razón, el recurso firmado por el abogado Rafael Arenas sostiene que la sentencia dictada por la sala resulta «insostenible» y exige que sea «extraída cuanto antes del panorama jurídico». En el escrito, la defensa lamenta que la «causa general» impulsada por las acusaciones populares haya encontrado amparo tanto en la magistrada instructora, Beatriz Biedma, como en el propio tribunal que emitió la condena.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Te interesa
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Denuncia de vulneración de derechos y quebrantamiento procesal
El recurso de apelación fundamenta la petición de absolución en graves quebrantamientos de las normas y garantías procesales durante la tramitación del procedimiento:
Lee tambien: Abascal acusa a Sánchez de ceder al «chantaje» de Rabat y pide su comparecencia ante el Tribunal Supremo
- Falta de imparcialidad del tribunal: La defensa aduce que se vulneró el derecho fundamental a un juez imparcial al desestimar en su momento la recusación formulada contra los tres magistrados de la Audiencia de Badajoz, argumentando que dichos jueces contaban con un «criterio previo» formado sobre el fondo del asunto al haber resuelto recursos acumulados a lo largo de la instrucción.
- Afectación del derecho de defensa: El letrado recalca que la adopción y denegación de determinadas diligencias «violentó gravemente los derechos» de sus patrocinados, incurriendo en un defecto procedimental que, a su juicio, debería acarrear la nulidad de las actuaciones.
La hipótesis de la «podredumbre» institucional
El escrito defensivo arremete con dureza contra lo que califica como una «teoría insidiosa» construida por las partes acusadoras para proyectar una supuesta trama de «podredumbre» en el seno de la Diputación de Badajoz con objeto de justificar la contratación del músico.
Frente al criterio del tribunal, que consideró probado el diseño a medida de la plaza para el familiar del jefe del Ejecutivo, la defensa replica que la condena impuesta a los funcionarios y cargos intermedios responde únicamente al intento de dar solvencia formal a una acusación de trasfondo político. Por ello, instan al órgano superior a revocar íntegramente las inhabilitaciones y restablecer el principio de presunción de inocencia para los apelantes.
