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CEUTA — El Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio contra un ciudadano marroquí, solicitante de asilo en situación irregular, para quien la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel por un presunto delito de atentado contra la autoridad agravado por el uso de un instrumento peligroso. La acusación pide además que la condena sea sustituida por su expulsión inmediata a Marruecos y la prohibición de regresar a España durante una década.
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Los hechos se remonta a la madrugada del pasado 7 de septiembre en las inmediaciones del polígono del Tarajal. Según la versión de los militares denunciantes, acudieron a la zona de asentamientos tras ser alertados de altercados y posibles robos. Al proceder a identificar al acusado, este supuestamente se resistió y accionó un bote de espray de gas pimienta que llevaba en el bolsillo, provocando a los soldados afecciones oculares, tos y reacciones cutáneas.
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Por su parte, el procesado niega las acusaciones y sostiene que fue él quien sufrió una brutal agresión a manos de los soldados. El investigado aportó un parte médico con contusiones en la cabeza, afectación ocular y la pérdida de un diente, denunciando además que en la fase de instrucción la intérprete se negó a traducir su versión para impedirle denunciar a los militares. Su defensa cuestionó la proporcionalidad de la intervención, la falta de víctimas identificadas por el supuesto robo y la inexistencia de una cadena de custodia clara sobre el aerosol presentado como prueba.
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Jornada marcada por juzgamientos vinculados a la crisis migratoria
Este procedimiento se enmarca en una intensa jornada judicial en Ceuta para abordar altercados ocurridos tras las entradas masivas de los últimos meses, donde se han resuelto otros casos similares:
- Resistencia a la autoridad: Otro ciudadano marroquí ha sido condenado a nueve meses de prisión y multa por oponer resistencia ante tres militares durante una intervención motivada por presuntas extorsiones en la zona. La pena también será conmutada por su expulsión del país.
- Agresión reconocida: Un tercer migrante ha aceptado una pena global de dos años y siete meses de cárcel —y más de 4.500 euros de indemnización— tras confesar haber agredido a soldados y provocar una lesión de hombro a uno de ellos. Se le ha impuesto la expulsión inmediata a Marruecos y cinco años de prohibición de entrada.
- Denuncias por robo entre particulares: Dos migrantes más (uno marroquí y otro tunecino) se sentaron en el banquillo acusados de robar pertenencias y dinero a otro residente del asentamiento mediante el uso de palos, defenestrándose ambos al asegurar que acudieron al lugar en calidad de víctimas tras haber sido despojados previamente de sus propios bienes.
Estas resoluciones reflejan el reciente cambio de criterio fijado por la Fiscalía en la ciudad autónoma, encaminado a descongestionar el centro penitenciario de Fuente Mendizábal mediante la conmutación íntegra de las penas privativas de libertad por la expulsión directa a sus países de origen.
