El teletrabajo se regulará como derecho básico para personal funcionario y laboral en el conjunto de las administraciones públicas. CSIF celebra este primer acuerdo y espera poder abrir cuanto antes la negociación sobre retribuciones y refuerzo de las plantillas ante la gravedad de la crisis por la covid19
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el resto de organizaciones sindicales sobre el teletrabajo para el conjunto de las empleadas y empleados públicos de todas las administraciones (Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, etc).
Este acuerdo se formalizará el próximo lunes en la Mesa General de las Administraciones Públicas (máximo foro de negociación, en el que están representadas comunidades autónomas y ayuntamientos, junto a la Administración General del Estado y los sindicatos).
CSIF valora de manera positiva este acuerdo y espera poder abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la seguridad social, como consecuencia de la pandemia por el Covid19.
El teletrabajo, un derecho laboral reconocido por Ley
Este acuerdo supone introducir por primera vez el derecho al teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleo Público, y por tanto se podrán acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las administraciones públicas.
Como defendió el sindicato desde el principio de esta negociación, el teletrabajo será voluntario y reversible. Además, el personal que opte por el teletrabajo tendrá garantizados los mismos derechos y obligaciones que aquellos que acudan a su puesto de manera presencial.
A partir de esta nueva regulación básica, el resto de las administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la presencialidad y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención presencial a la ciudadanía.
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Además, la Administración proporcionará al personal que trabaje en esta modalidad los medios tecnológicos necesarios para ejercer su actividad, como reclamamos desde CSIF.
Conciliación y protección de la salud
«Valoramos también que el teletrabajo es una medida que favorece la conciliación de la vida laboral y personal, flexibiliza horarios de una manera más racional, previene riesgos laborales y protege la salud. Sin duda, disminuye el impacto ambiental, reduce costes en infraestructuras y mejora la integración de personas con discapacidad o en rehabilitación tras enfermedad» aseguran desde la organización.
El pasado 17 de junio, CSIF ya alcanzó un acuerdo pionero, vigente hasta el final de la pandemia, en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios durante la nueva normalidad garantizando con ello la protección de la salud de los grupos de EEPP más vulnerables frente al Covid y la conciliación familiar y laboral
