La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado considera que el techo de gasto aprobado hoy por el Gobierno debe servir para reforzar los servicios públicos y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores/as de nuestras administraciones.
CSIF ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar la negociación de los presupuestos en el ámbito de las ofertas de empleo público y las retribuciones.
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En primer lugar, entendemos que las administraciones públicas deben de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía que, como hemos visto, se encuentran en una situación muy delicada en ámbitos como la sanidad, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como en los servicios sociales la educación, la justicia, Agencia Tributaria o los fuerzas y cuerpos de seguridad.
Por otra parte, CSIF reitera su rechazo a la congelación salarial –la ministra de Economía volvió a referirse hoy a esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros–.
Entendiendo las dificultades por las que atraviesa la economía, hay que recordar que los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo. Además, en muchos ámbitos esta situación se ve agravada por la precariedad en empleo, que registra una tasa de temporalidad del 27,8 por ciento, por encima de la del sector privado.
CSIF recuerda además que los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, por lo que reivindicamos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones.
