Si ayer el Open Arms recibía la visita del actor Richard Gere acompañado de un cargamento de víveres que llegaban justo cuando la escasez amenazaba con poner en jaque la supervivencia de la tripulación y de las 121 personas rescatadas del Mediterráneo, hoy las lanchas del Open Arms han tenido que acudir a un nuevo rescate: 39 personas se ahogaban en aguas maltesas. Italia y Malta rechazan acoger al barco si el resto de países de la UE no se comprometen a reubicar a las 160 personas.
Desde luego, rescatar a 39 personas y evitarles una muerte casi segura por ahogamiento es una noticia que no puede calificarse de otra forma que no sea como buena (o si se prefiere, algún adjetivo que exprese la misma cualidad pero en modo superlativo). El problema reside en que el Gobierno italiano, cuyo portavoz parece ser el ministro de Interior, Matteo Salvini, no está dispuesto a variar un ápice su postura política que roza (y traspasa) la xenofobia y el Gobierno maltés le sigue por la misma senda. Ambos países se niegan a acoger a estas 160 personas hasta que el resto de estados miembro de la Unión Europea no firmen un acuerdo para reubicarlas en sus respectivos países.
Para muchos grupos pro derechos humanos esta no es más que una táctica para llevar a los tripulantes del Open Arms a la desesperación. Llevan ya nueve noches y diez días con 121 personas a bordo a las que ahora suman otras 39. En total, 160 personas conviviendo una cubierta de 180 metros cuadrados. El miedo a ser devueltos a Libia y la crispación comienza a protagonizar las relaciones entre los rescatados y se generan disputas hasta por ocupar un lugar con sombra en la cubierta.
El Gobierno español endurece sibilinamente su postura
Parece que el tiempo comienza a dar crédito a las declaraciones de algunas entidades que acusaban a Pedro Sánchez de utilizar la acogida del Aquarius como un movimiento puramente propagandístico ideado para obtener réditos electorales. Luego de aquel golpe en la mesa del gobierno español con respecto a las políticas migratorias de la UE, llegaron las «caricias»: se prohibió bajo amenazas de imponer multas de casi un millón de euros que barcos como el Open Arms o el Aita Mari zarparán para realizar labores de rescate en el Mediterráneo.
Ahora, la ministra en funciones, Carmen Calvo se excusa en «las medidas de seguridad» para sugerir que estos barcos dejen de salvar vidas. Estas son las declaraciones de la ministra:
«Somos el país que hace el mayor esfuerzo en cumplir las normas, en asegurar las fronteras y en rescates humanitarios y lo hacemos observando todas las normas. Eso es lo que pedimos al resto de los Estados, Gobiernos y personas físicas y jurídicas para no poner en riesgo la vida de nadie. Es la responsabilidad que exigimos al resto con las leyes en la mano, que exigen ir a puerto seguro y que es el más cercano”.
Exigir que barcos como el Open Arms cumplan con todas las normas de salvamento marítimo para poder llevar a cabo sus funciones es como exigirle a un médico que actúa de urgencias en una catástrofe natural que cumpla con todos los protocolos profilácticos o que no intervengo en entornos que no sean 100% asépticos. Cuando lo que está en juego es la vida o la muerte de cientos de personas, romper unas cuantas normas no debería suponer un problema. La inmediatez obliga a actuar, quienes se ahogan y pasan aumentar el aforo de la fosa común en la que se ha convertido el Mediterráneo no tendrán nunca una segunda oportunidad.
Más rescates
Además del Open Arms, otros buques como el Ocean Viking, fletado por Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, también realizan labores de rescate en la misma zona. De hecho el Ocean Viking navega ahora mismo con 165 personas rescatadas en dos intervenciones frente a las costas libias.
