El Ejecutivo regional interpondrá un recurso contencioso-administrativo y no descarta acciones penales tras vencer el plazo de 48 horas dado a la representación del Estado en Madrid.
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MADRID.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido activar la vía judicial contra el delegado del Gobierno en Madrid tras confirmarse su negativa a ordenar el desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol. La decisión se produce una vez cumplido el ultimátum de 48 horas trasladado desde la Real Casa de Correos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaran ante lo que el Ejecutivo autonómico considera una ocupación ilegal del espacio público.
El Gobierno regional presentará en las próximas horas un recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas para forzar el levantamiento de la protesta, al tiempo que sus servicios jurídicos evalúan emprender acciones penales contra la representación del Ejecutivo central por un presunto delito de omisión y dejación de funciones.
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Denuncia de daños al patrimonio e impunidad
Desde la Consejería de Presidencia sostienen que la inacción del delegado responde a directrices políticas dictadas por la Moncloa para «permitir y amparar» comportamientos incívicos en el corazón de la capital. El Ejecutivo madrileño ha vuelto a denunciar los perjuicios económicos causados a los comercios de la zona, así como el deterioro material en la fachada de la sede autonómica, que en los últimos días ha sufrido pintadas, vertido de residuos y actos de vandalismo vinculados a la concentración.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha justificado su postura escudándose en el ejercicio del «derecho de reunión» y defendiendo que el dispositivo policial desplegado busca priorizar la proporcionalidad y evitar incidentes mayores en la vía pública.
Choque institucional en los juzgados
El rechazo a intervenir eleva al máximo la tensión institucional entre ambas administraciones. Con la interposición de las acciones judiciales anunciadas, el Gobierno de Díaz Ayuso traslada el conflicto a los tribunales con el objetivo de que sea un juez quien ordene la restitución de la normalidad en la Puerta del Sol y dirima las responsabilidades en la gestión de la seguridad ciudadana.
