Las empresas españolas se encuentran ante un nuevo panorama legal que tipificará la elusión de sanciones a Rusia como un delito penal, tras vencer el plazo fijado por la Comisión Europea para la transposición de la Directiva (UE) 2024/1226.
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Esta reforma implica un cambio significativo en el tratamiento legal, ya que actuaciones que antes se consideraban una infracción administrativa pasarán a ser delitos que podrían conllevar penas de hasta 5 años de prisión y multas millonarias, alcanzando hasta el 5% del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros para las personas jurídicas.
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Además, la reforma sancionará la negligencia grave en el manejo de bienes de doble uso y material militar. Esto se une a la Directiva (UE) 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos, que deberá ser implementada antes de noviembre de 2026.
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María Barbancho, experta abogada, ha analizado los diferentes aspectos de esta reforma y sus implicaciones para las empresas españolas que tienen operaciones o relaciones comerciales indirectas con Rusia a través de terceros países.
El nuevo esquema legal también discute la responsabilidad penal de las empresas y el impacto del estándar de negligencia grave, así como el cálculo de multas basadas en la facturación global.
