El jurista y exjuez español conocido por su trabajo en derechos humanos y derecho internacional ha destacado que el presidente de la Federación Rusa “si pisara suelo español tendrían que detenerlo porque no hay inmunidad de los jefes de estado cuando la orden se emite por el Tribunal Penal Internacional”
Baltasar Garzón es un jurista y exjuez español conocido por su trabajo en derechos humanos y derecho internacional. Es más notable por su papel como juez de instrucción en España, donde trabajó en varios casos de alto perfil, incluidos los relacionados con el terrorismo de ETA y la desaparición de ciudadanos españoles durante la «Guerra Sucia» de Argentina en la década de 1970.
Juez, abogado, presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, pro-Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, el juez Garzón se hizo famoso por la detención de Pinochet en Londres. En el 1998 dictó una orden de detención en su contra desde España, por su implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura. Autor de 7 libros y múltiples artículos y ensayos. Doctor Honoris Causa por más de 25 universidades de todo el mundo.
En 2012, Garzón fue designado como asesor legal de la Corte Penal Internacional (CPI), que es un tribunal que procesa a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Como asesor legal, Garzón brindó orientación sobre temas relacionados con la jurisdicción de la CPI y la aplicación del derecho internacional.
La experiencia de Garzón como juez de instrucción y su conocimiento del derecho internacional lo hacen idóneo para trabajar con la CPI. Su papel como asesor legal no implicó presidir casos o tomar decisiones sobre enjuiciamientos. En cambio, su trabajo se centró en proporcionar análisis y asesoramiento legal a los fiscales y jueces del tribunal.
Uno de sus casos más notables fue su intento de enjuiciar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. En 1998, Garzón emitió una orden de arresto contra Pinochet, quien se encontraba de visita en el Reino Unido en ese momento, por cargos de abusos contra los derechos humanos cometidos durante su mandato como líder de Chile. Posteriormente, Pinochet fue arrestado y retenido en el Reino Unido durante más de un año, mientras Garzón trabajaba para extraditarlo a España para ser juzgado.
El caso fue controvertido y provocó un acalorado debate sobre los límites de la jurisdicción universal, que permite a los países juzgar a personas por delitos cometidos fuera de sus propias fronteras. Finalmente, Pinochet no fue extraditado a España y regresó a Chile, donde pudo evitar el enjuiciamiento debido a su mala salud.
A pesar del resultado, los esfuerzos de Garzón para llevar a Pinochet ante la justicia fueron vistos como un importante paso adelante en la búsqueda de los derechos humanos y la justicia internacional, y ayudaron a establecer un precedente para casos futuros.
El pasado mes el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra debido a su presunta participación en el secuestro de niños de Ucrania. La orden de arresto de La Haya eleva a Putin al nivel de los grandes criminales de la historia.
La Corte Penal Internacional ha estado monitoreando la situación en Ucrania desde 2014, cuando comenzó el conflicto entre las fuerzas ucranianas y los rebeldes separatistas respaldados por Rusia. La CPI es un tribunal de último recurso y solo puede intervenir cuando un estado no puede o no quiere enjuiciar delitos dentro de su propia jurisdicción.
Si bien ha habido denuncias de crímenes de guerra cometidos tanto por las fuerzas ucranianas como por los rebeldes separatistas, también ha habido denuncias de crímenes cometidos por las fuerzas rusas, incluidas las comandadas por el presidente Vladimir Putin. Estas acusaciones incluyen la anexión de Crimea, el derribo del vuelo MH17 de Malaysian Airlines y el bombardeo de áreas civiles en el este de Ucrania.
Sin embargo, la jurisdicción de la CPI se limita a los crímenes cometidos en el territorio de un estado que es parte del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la corte. Si bien Ucrania es parte del Estatuto de Roma, Rusia no lo es, lo que significa que la CPI necesitaría recibir una remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania.
Hasta el momento, el Consejo de Seguridad no ha remitido la situación en Ucrania a la CPI, en gran parte debido a la oposición de Rusia, que tiene poder de veto como miembro permanente del Consejo. Como resultado, la CPI no ha podido investigar ni procesar ningún delito cometido por Putin u otros funcionarios rusos en relación con el conflicto en Ucrania.
En declaraciones a este medio, Garzón asegura que “La Haya no puede juzgar a los acusados en ausencia de Rusia y el Kremlin siempre ha dicho que no entregará a sus funcionarios porque Moscú no reconoce la autoridad del tribunal. La orden de detención contra Vladimir Putin emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional a instancias y petición del fiscal de la Corte Penal Internacional tiene una vigencia limitada. Por una parte es una orden que sería de ejecución inmediata en los países que han ratificado el Estatuto de Roma, que son 123, entre los que se encuentra España, es decir, que si este líder ruso o la directora de infancia, que creo que también está en la misma situación estuvieran en un país, como por ejemplo, España pues las autoridades policiales y judiciales tendrían que detenerlo porque no hay inmunidad por parte de los jefes de estado cuando la orden se emite por un Tribunal Penal Internacional”
El abogado y exjuez concluye que “hemos visto cosas llamativas de Estados Unidos que no forma parte de la Corte Penal Internacional, y ahora por una decisión estratégica apoya a la Corte Penal Internacional en esta orden de detención contra Vladimir Putin, pero claro esto es poco creíble. Para mí sería muy creíble si simultáneamente a esa exposición que hizo inmediatamente después de salir esta orden el presidente norteamericano, Joe Biden, hubiera dicho que ha dado orden al Secretario de Estado para que firme y ratifique el Estatuto de Roma. Con lo cual, daría un mensaje de que todos los hechos que se pueden perseguir y que sean catalogables como genocidio, crimen de guerra, también ellos se someterían a ese Tribunal. No lo han hecho, por tanto, queda un poco devaluada la acción».
En un comunicado emitido por la Corte Penal Internacional denunciaba que Putin «es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
La orden de arresto llega después de diversas denuncias de las autoridades ucranianas, ONG y medios de comunicación sobre el presunto robo de niños en Ucrania por parte de las fuerzas invasoras rusas.
El Gobierno de Kiev cree que hasta 16.221 niños ucranianos han sido deportados a Rusia, según datos del mes pasado. La Red de Periodismo de Investigación EBU indica que cientos de niños ucranianos no acompañados han sido llevados a la fuerza a Rusia desde el comienzo de la guerra. Algunos desaparecieron de campamentos para menores y otros de centros de tratamientos médicos.
