La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha desatado una fuerte polémica tras calificar como «asesinato racista» la muerte de un hombre durante su detención por la Policía en Torremolinos (Málaga). La diputada solicitó el fin de la «violencia policial racista», lo que provocó la reacción inmediata de los sindicatos policiales, que la acusaron de «oportunista» y «miserable».
El incidente ocurrió el pasado domingo en un locutorio de la calle Hoyos. Un hombre de 35 años, de nacionalidad marroquí, falleció a causa de un infarto mientras era reducido por agentes tras un intento de robo con violencia. Testigos señalaron que fueron ellos quienes inicialmente inmovilizaron al presunto ladrón antes de que llegara la Policía.
Según el atestado policial, el hombre se encontraba en avanzado estado de agitación, amenazó a los agentes con unas tijeras y gritó «Alá es grande». Para controlarlo, los policías tuvieron que realizar tres descargas cortas con pistolas táser. Las maniobras de reanimación por parte de los agentes y los servicios sanitarios resultaron infructuosas. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un infarto, y el estudio toxicológico detectó consumo de drogas.
Tras los hechos, Belarra escribió en sus redes sociales: «Decir que mueres de un infarto mientras la Policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto es violencia policial racista que hay que parar ya».
La respuesta de los sindicatos no se hizo esperar. La Unión Federal de Policía (UFP) criticó duramente a la dirigente de Podemos, acusándola de «alimentarse del dolor ajeno» y de buscar «rédito político». Además, anunciaron que sus equipos jurídicos estudian la posibilidad de emprender acciones legales contra Belarra. Por su parte, Jupol manifestó su apoyo a los agentes y recordó que «estamos en un Estado de Derecho, donde los policías también tienen presunción de inocencia».
El caso ha reavivado el debate sobre la actuación policial y el discurso político sobre la violencia institucional, generando una fuerte división de opiniones entre partidos, sindicatos y ciudadanos.
