Madrid, 5 de mayo de 2026 — La estrategia judicial del Partido Popular en el caso Koldo ha provocado una reacción inusual en el arco parlamentario: el rechazo frontal y simultáneo de PSOE y Vox. Ambas formaciones han cuestionado duramente la decisión de la acusación particular de los populares de rebajar la petición de condena para el empresario Víctor de Aldama, lo que podría permitirle evitar la prisión.
El PP ha reducido su solicitud de siete años a cinco años y medio de cárcel. Al tratarse de una pena inferior a los seis años y dependiendo de la aplicación de posibles beneficios o suspensiones, Aldama —considerado el «conseguidor» de la trama— podría no ingresar en un centro penitenciario.
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«Una auténtica barbaridad»: La indignación del PSOE
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha liderado la ofensiva contra los populares, calificando la decisión de «auténtica barbaridad». López ha puesto el foco en la gravedad de los hechos juzgados y en la cuantía de las comisiones bajo sospecha.
- Libertad bajo sospecha: «El que se ha llevado cinco millones en comisiones andaría libre por la calle», denunció el portavoz, exigiendo que el PP explique los motivos de este movimiento judicial.
- Falta de pruebas: López también ha restado valor a la supuesta colaboración de Aldama con la justicia: «Ha dicho muchas cosas, pero ¿donde están las pruebas?».
Vox se suma a los reproches
Desde el otro lado del espectro político, la portavoz de Vox, Pepa Millán, también ha mostrado su disconformidad con la actuación de los abogados del Partido Popular. Aunque en un tono más moderado que el PSOE, Millán dejó clara su desconfianza hacia la figura de Aldama.
«Aldama no me inspira ninguna confianza. Deben pagar todos los implicados en la trama corrupta sin excepción», afirmó la portavoz de Vox.
Un escenario judicial polémico
La reducción de la pena por parte de la acusación del PP se produce en un momento de máxima tensión política, donde la credibilidad de los testimonios en el caso Koldo es el centro del debate. Mientras el PP ajusta sus pretensiones penales, sus adversarios políticos interpretan el gesto como un trato de favor injustificado hacia uno de los nombres clave de la presunta red de corrupción.
