El sindicato denuncia que esta retribución no se ha incrementado desde el año 2007, y propone establecer un fondo de 10 millones de euros adicionales para distribuir entre los casi veinte mil efectivos de la Administración General del Estado en Illes Balears, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
CCOO ha presentado este martes en Palma de Mallorca una propuesta para destinar 10 millones de euros al incremento de la indemnización por residencia del personal público de la Administración General del Estado en Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, a través del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Una medida imprescindible para garantizar los derechos de la ciudadanía con la prestación de unos servicios públicos de calidad en estos territorios.
Por parte de CCOO de Ceuta, su Secretario General, Emilio Postigo, ha estado presente en la capital balear y planteará en la campaña no sólo la revisión de la indemnización por residencia, de la que Ceuta necesita también una progresividad en la tablas de cantidades, sino de otros aspectos que afectan a los/as trabajadores/as de la Administración General del Estado y que convierten a Ceuta en una Ciudad de paso, en contra de la necesidad de generar estabilidad y profesionalidad.
El sindicato viene alertando de la preocupante pérdida de personal en estas regiones, y apunta a la falta de incentivos en materia de retribuciones como una de las principales causas de esta movilidad hacia la península. En los últimos diez años se ha reducido la plantilla pública de la Administración del Estado en más de cuatro mil efectivos, pasando de 23.089 en enero de 2011 a 19.024 en el mismo mes de 2021.
Esta situación no es nueva, y ya en 2006 se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para actualizar las cuantías de indemnización por residencia de este personal. Una retribución que no ha vuelto a aumentarse, y que CCOO considera inaplazable abordar de manera inmediata, para lo que propone un incremento de 10 millones de euros con el objetivo de paliar las especiales características de estos territorios y fijar las plantillas para garantizar la prestación de los servicios públicos.
El personal público de la Administración General del Estado que se vería beneficiado se sitúa en 19.024 trabajadores y trabajadoras, según los datos publicados por el Gobierno en enero de este año. De estos efectivos, 7.525 se encuentran en Canarias -4.640 en Las Palmas y 2.885 en Santa Cruz de Tenerife-, 3.961 en Illes Balears, 3.813 en Melilla y 3.725 en Ceuta.
CCOO inició el 10 de noviembre una campaña de movilizaciones en defensa de los servicios públicos, en la que exige el cumplimiento de los acuerdos para la mejora del empleo público y la recuperación de la negociación. Exige el incremento de la inversión en los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales de más de tres millones de empleadas y empleados.
