La Confederación de Empresarios de Ceuta en relación a los artículos de prensa sobre el Salario Mínimo Interprofesional para 2019, y su aplicación en nuestra Ciudad, hace una serie de consideraciones propias.
Así CECE puntualiza según su parecer que «la mayoría de las empresas que desarrollan su actividad en Ceuta, vienen abonando a sus trabajadores un complemento por Residencia del 25 por ciento, y otro por Vinculación a la Bonificación, que se incluye también en las pagas extraordinarias, de un 8 por ciento». En la práctica estas bonificaciones suponen que «estas empresas abonan a su personal un 33 por ciento adicional, más la repercusión en las pagas extras, con respecto a los trabajadores de las empresas de la península». Desde CECE precisan que «la única excepción, se produce en «algunas empresas que se rigen por Convenios Colectivos de carácter estatal, en las que por no recogerse los pluses referidos, se niegan a abonar a sus trabajadores dichos conceptos».
CECE se retrotrae al Real Decreto que contempla la subida del SMI donde, «se establece que el incremento de este salario mínimo, no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que vinieran percibiendo los trabajadores, cuando tales salarios en su conjunto y cómputo anual fueran superiores a dicho salario mínimo». En consecuencia «no tendrán que incrementar dichos salarios, con la única excepción de lo que se acuerde en los Convenios Colectivos».
Ante la petición de determinadas organizaciones sindicales y partidos políticos de Ceuta, acerca de que en nuestra ciudad, a los 900 euros de SMI, se le incremente el plus de residencia, y por añadidura el Plus de Vinculación a la Bonificación, al que CECE matiza que no hacen mención, sin tener en cuenta la cláusula de absorción prevista en estos Reales Decretos, la Confederación cuantificó el impacto de dicha medida, llegando a una conclusión, «la medida solicitada por estas organizaciones políticas y sindicales, le acarrearía por término medio a cada empresa ceutí, la cantidad de 3.465,72 euros anuales por cada empleado que tuviera, de 10.397,16 euros anuales si tuviera 3 empleados y de 34.657,20 euros anuales en el de caso de PYMES con 10 trabajadores, cifra que se iría incrementando en función del número adicional de trabajadores».
Los empresarios consideran que «dicha situación podría acarrear un impacto tan negativo para la competitividad de las empresas, así como para el empleo en el actual contexto de crisis económica que padecemos». La CECE solicitó una reunión con la Delegación del Gobierno, en la que «se aportó esta información, y se alertó de las nefastas consecuencias que la implantación de esas peticiones podría acarrear». La Delegación del Gobierno trasladó dicha información al Ministerio de Economía del Gobierno.
Para finalizar CECE elude cualquier maniobra subrepticia señalando que no han mantenido nunca reuniones clandestinas. Así confiesan que «siempre las ha realizado con luz y taquígrafos, aportando datos y con plena información de los temas que se estaban abordando, teniendo en cuenta tanto los intereses empresariales, como los de sus trabajadores».
