El Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, incluido por el Ejecutivo en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, continúa sin aprobarse casi cinco años después. La falta de una fecha para completarlo vuelve al centro del debate tras la entrada masiva de migrantes que ha obligado al Gobierno a movilizar militares y refuerzos policiales en Ceuta.
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El Gobierno sigue sin concluir el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla que se comprometió a elaborar en diciembre de 2021, cuando aprobó la vigente Estrategia de Seguridad Nacional.
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El documento oficial estableció que ambas ciudades requieren una “especial atención” del Estado debido a su ubicación en el norte de África y a la singularidad de una frontera que también constituye un límite exterior de la Unión Europea. Entre sus líneas de actuación incluyó expresamente la elaboración de un plan específico para Ceuta y Melilla.
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Pese al tiempo transcurrido, el proyecto todavía no cuenta con un calendario de finalización. En una respuesta parlamentaria registrada en mayo de 2026, el Ejecutivo informó de que un grupo de trabajo interministerial había avanzado en un documento base para posteriores desarrollos dentro de los ministerios, pero reconoció que no existe una fecha definida para terminar el plan.
La cuestión ha recuperado actualidad después de que miles de personas cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta por tierra y por mar, desbordando los recursos ordinarios de vigilancia, seguridad y acogida de la ciudad autónoma.
Ante la magnitud de las llegadas, el Gobierno ordenó el despliegue de 60 militares y 200 agentes policiales para apoyar a los efectivos destinados en Ceuta. Las Fuerzas Armadas realizan funciones de apoyo a la Guardia Civil y no han asumido por completo el control fronterizo.
La Estrategia de Seguridad Nacional ya advertía en 2021 de que factores como el cambio climático, la inestabilidad política y las crisis económicas podían agravar los movimientos migratorios masivos. También señalaba que la vigilancia fronteriza, la cooperación con los países de origen y tránsito y la lucha contra las redes de tráfico de personas debían recibir una atención permanente.
El plan pendiente estaba concebido dentro de las actuaciones destinadas a mejorar la preparación y coordinación ante situaciones de crisis. No obstante, al no haberse aprobado, se desconoce qué medidas concretas, recursos, protocolos o mecanismos de coordinación habría incorporado.
Tampoco puede afirmarse que su aplicación hubiera impedido la actual crisis migratoria, ya que el control de las entradas en Ceuta depende también de la cooperación de Marruecos, de la actuación de las fuerzas de seguridad y de otros factores diplomáticos, sociales y humanitarios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el Partido Popular han reclamado al Ejecutivo que declare la situación de interés para la Seguridad Nacional y refuerce la coordinación entre administraciones. El Gobierno, sin embargo, ha activado los recursos militares y policiales sin utilizar hasta ahora ese mecanismo excepcional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que una situación de interés nacional puede declararse cuando la gravedad, urgencia y dimensión de una crisis requieren una coordinación reforzada. La decisión corresponde al presidente del Gobierno mediante un real decreto y no permite suspender derechos fundamentales ni sustituye a los estados de alarma o excepción.
La ausencia del plan vuelve así a abrir interrogantes sobre la capacidad preventiva del Estado en dos territorios cuya vulnerabilidad había sido reconocida expresamente por el propio Ejecutivo. Mientras continúa el despliegue para responder a la emergencia, Ceuta y Melilla siguen sin disponer del instrumento integral de seguridad anunciado en 2021.
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