La Fiscalía General del Estado ha hecho efectiva la incorporación de tres fiscales de refuerzo en Ceuta para responder al notable incremento del trabajo judicial tras la llegada masiva de migrantes registrada el pasado mes de agosto. Con estas adiciones, la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma amplía su dotación operativa de 8 a 11 integrantes.
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Los profesionales destinados a este contingente temporal proceden de las fiscalías de Andalucía, Cataluña y Canarias. Su comisión de servicios se mantendrá, en principio, hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que el ministerio público evaluará la situación para decidir si prorroga o no la medida.
El refuerzo responde al decreto firmado el pasado 15 de septiembre por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, tras constatar sobre el terreno las urgencias del órgano judicial. Entre los aspectos más críticos a los que se enfrenta la plantilla destacan:
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- Saturación en el área de protección de menores: El flujo migratorio incluyó a un número elevado de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Esto ha multiplicado los expedientes para la determinación de edad y el desarrollo de las correspondientes audiencias legales.
- Sobrecarga en la vía penal: Los servicios de guardia de la ciudad han experimentado un aumento sustancial de intervenciones a raíz de las entradas ocurridas a finales de agosto.
- Seguimiento institucional: La decisión se formalizó tras la visita realizada el 27 de agosto por Peramato, acompañada de la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. Durante el desplazamiento, la cúpula fiscal mantuvo reuniones con el presidente ceutí, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, además de inspeccionar instalaciones como el centro de menores Nave Victoria.
Para facilitar la cobertura de estas plazas de emergencia, los tres fiscales desplazados percibirán una gratificación mensual de 844,70 euros brutos, junto con una ayuda destinada a cubrir los gastos de alojamiento en la ciudad autónoma.
