Cinco magistrados del Tribunal Constitucional han emitido un voto particular durísimo contra la sentencia que valida los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, acusando al tribunal de respaldar lo que describen literalmente como un “negocio piramidal” del Estado financiado con dinero de las empresas.
El voto, firmado por Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, critica que la mayoría del tribunal legitime un mecanismo que obliga a las grandes compañías a adelantar impuestos sobre “rentas ficticias” o inexistentes, vulnerando el principio de capacidad económica recogido en la Constitución.
Según los magistrados discrepantes, el sistema convierte a las empresas en prestamistas involuntarios del Estado, que se queda durante meses con la liquidez adelantada sin pagar intereses, generando un beneficio financiero indebido para la Administración. “Un soterrado instrumento de financiación a tipo cero que provoca un evidente y notorio perjuicio a las empresas afectadas”, señalan.
El escrito también denuncia que la mayoría del tribunal recurre a argumentos como “técnica tributaria” o “practicabilidad administrativa” para justificar la medida, invenciones que los magistrados consideran incompatibles con los derechos constitucionales de los contribuyentes.
Los cinco magistrados concluyen que la norma persigue únicamente fines recaudatorios y sirve para reducir el déficit público a expensas de las grandes empresas, en una paradoja frente a la política legislativa previa que buscaba dotar de liquidez a las compañías.
