José Luis Huertas se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de reventar el Punto Neutro Judicial en 2022. La fiscal le aplica una atenuante por colaborar y devolver más de 860.000 euros de sus ganancias ilícitas.
Lee tambien: El primer Clásico de la temporada se verá gratis en EE. UU. mientras que en España se mantendrá de pago
Te interesa
MADRID.– El conocido hacker José Luis Huertas, alias ‘Alcasec’, se enfrenta desde este miércoles a su primer gran examen judicial. La Audiencia Nacional ha iniciado el juicio contra el joven ciberdelincuente, para quien la Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión por el ciberataque perpetrado en octubre de 2022 contra el Punto Neutro Judicial (PNJ) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una intrusión masiva con la que logró apoderarse de los datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes españoles.
Alcasec, que actualmente cumple prisión provisional por otra causa paralela relacionada con una red criminal de ciberataques a gran escala, llega a esta vista tras un complejo historial delictivo. En la causa por la que está bajo arresto, cabe recordar, fue detenido junto al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien en estos momentos también afronta su propio horizonte judicial en la Audiencia Nacional por la denominada ‘operación Kitchen’.
Lee tambien: “Por primera vez en días se duchan”: las juventudes del PP y del PSOE se enzarzan por la acampada de Sol
Una enrevesada red de identidades falsas y phishing
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal detalla la sofisticada ingeniería social y técnica empleada por los acusados. Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando Alcasec, utilizando una cuenta de correo electrónico creada cuando aún era menor de edad, contrató dos sistemas de almacenamiento masivo en Lituania.
Actuando con un claro ánimo de enriquecimiento ilícito, Huertas obtuvo de otro hacker encausado, Daniel Baíllo, las contraseñas de un certificado digital robado de la Dirección General de Tráfico (DGT). Mediante estas credenciales, Alcasec realizó hasta 876 conexiones al portal de la Policía Nacional navegando a través de la red institucional SARA, hasta dar con las claves de un funcionario judicial de Bilbao.
Para multiplicar el alcance del robo, Huertas y Baíllo diseñaron una página web falsa que clonaba la apariencia del Punto Neutro Judicial. Alcasec distribuyó de forma masiva una cadena de texto a distintos juzgados de España que redirigía a los funcionarios a dicho portal fraudulento, logrando capturar nuevas contraseñas. Con estos accesos preferentes, el hacker ejecutó 438.099 peticiones de información al servicio de «cuentas bancarias ampliadas» de la Agencia Tributaria antes de que el CGPJ detectase la brecha, bloquease los usuarios y diese la voz de alarma a la Audiencia Nacional.
Atenuante por confesión y devolución del botín
Pese a la gravedad del ciberataque, la fiscal del caso ha decidido aplicar a José Luis Huertas la atenuante muy cualificada de confesión tardía por sendos delitos continuados de acceso ilegal a sistemas informáticos y de descubrimiento y revelación de secretos.
Esta rebaja en la petición de condena responde a la decisión en su día del juez instructor José Luis Calama —magistrado que también instruye la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra— de otorgarle la libertad provisional debido a su juventud (19 años entonces) y a su compromiso de colaboración. Dicho acuerdo se materializó con la entrega voluntaria por parte de Alcasec de 863.000 euros procedentes de los beneficios obtenidos con la venta de los datos robados.
Tres acusados en el banquillo
Junto a Alcasec se sientan otros dos implicados en la trama informática:
- Daniel Baíllo: Considerado por el Ministerio Público como cooperador necesario. Se enfrenta a una petición de 4 años y 4 meses de cárcel por acceso ilegal y descubrimiento de secretos tras facilitar el certificado de la DGT.
- Juan Carlos O.: Señalado como autor material de un delito de descubrimiento de secretos, para quien la Fiscalía reclama 3 años y 4 meses de prisión.
El tribunal deberá dirimir ahora el alcance de las responsabilidades penales de una de las mayores brechas de seguridad sufridas por la administración de Justicia en la historia reciente de España.
