El reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo lleva décadas sobre la mesa, pero los pasos más concretos se han dado entre 2025 y 2026. Este es el recorrido completo de un proceso que, a día de hoy, sigue sin fecha de resolución.
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2025: el Senado da el primer paso
El Senado aprueba una propuesta para incluir a los miembros de las Fuerzas Armadas entre los colectivos con derecho a coeficientes reductores de la edad de jubilación. La iniciativa se traslada al Congreso de los Diputados, donde queda paralizada sin que llegue a debatirse en el pleno.
En paralelo, se registra otra proposición no de ley con el mismo objetivo. Tampoco prospera.
Las asociaciones militares interpretan ambos bloqueos como falta de voluntad política.
Marzo de 2026: Defensa mueve ficha
24-25 de marzo. El Ministerio de Defensa lleva al pleno del COPERFAS (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas), el principal órgano de diálogo con las asociaciones militares, una propuesta formal para iniciar los trámites de reconocimiento de la carrera militar como profesión de alto riesgo.
La propuesta implica elevar la solicitud al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que elabore el real decreto correspondiente.
El anuncio genera expectativas, pero también cautela. ATME, que no acude al COPERFAS desde hace años, denuncia que la medida no fue comunicada previamente a todas las asociaciones y la califica de «primer paso» que requerirá la aprobación de las Cortes Generales.
Dato clave: entre 2011 y 2022, según el Ministerio de Defensa, murió un militar español en acto de servicio cada 22 días.
Marzo de 2026: el «agujero» normativo
Apenas días después del anuncio, las asociaciones detectan un problema de fondo: los coeficientes reductores por profesión de riesgo solo se aplican en el Régimen General de la Seguridad Social, al que pertenecen los militares que ingresaron a partir del 1 de enero de 2011. Los que ingresaron antes, adscritos al régimen de Clases Pasivas, quedarían fuera.
Las asociaciones AUME, UMT y ASFASPRO piden modificar el Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para anticipar la jubilación, para que reconozca legitimación a las asociaciones profesionales de militares.
Abril de 2026: Defensa acepta incluir a todos
10 de abril. En una nueva reunión con las asociaciones, el Ministerio de Defensa acepta que la propuesta de reconocimiento debe alcanzar a todo el personal militar, «tanto del Régimen de Clases Pasivas como de Seguridad Social».
Es un compromiso importante sobre el papel, pero sin calendario: ni Defensa ni Inclusión precisan cuándo se elevará el real decreto al Consejo de Ministros.
Las asociaciones AUME, UMT y ASFASPRO publican un comunicado conjunto en el que advierten que la medida no puede convertirse en una «zanahoria electoral» y que debe resolver las desigualdades, no ampliarlas. ATME, por su parte, no firma el comunicado y critica la falta de documentación técnica.
Mayo-junio de 2026: Defensa y Seguridad Social se sientan
Los ministerios de Defensa e Inclusión abordan conjuntamente el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo. No trascienden detalles del contenido de las reuniones ni acuerdos concretos.
Septiembre de 2026: AUME pierde la paciencia
24 de septiembre. AUME emite un comunicado público en el que reclama a Defensa que «mueva ficha» con la profesión de riesgo. Denuncia que, seis meses después del anuncio en el COPERFAS, no hay avances tangibles y el proceso parece estancado en la fase de trámites interdepartamentales.
Octubre de 2026: las tres asociaciones se unen y exigen una reunión urgente
21-22 de octubre. ASFASPRO, AUME y UMT unifican posturas y exigen al Ministerio de Defensa una reunión presencial de máxima urgencia con la titular del ministerio.
Sus demandas concretas:
- Reconocimiento formal de la carrera militar como profesión de riesgo.
- Aplicación de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación.
- Equiparación de pensiones y haberes reguladores con los de Policía Nacional y Guardia Civil.
- Diálogo directo al más alto nivel, al considerar que el asunto excede el ámbito técnico del Consejo de Personal, donde lleva más de una década sin avances.
¿Qué falta?
El proceso necesita que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social elabore el real decreto y lo eleve al Consejo de Ministros. Las asociaciones advierten de que, sin Presupuestos Generales del Estado aprobados y con unas elecciones generales previstas para 2027, la ventana para sacarlo adelante se estrecha.
Para ver cómo se compara la jubilación de los militares con la de policías, bomberos y otros cuerpos, consulta nuestra tabla comparativa.
Y si quieres saber cómo afecta este debate a una de las ciudades con más militares de España, lee nuestro análisis sobre el impacto de la profesión de riesgo en los 3.500 militares de Ceuta.
Este artículo se actualizará conforme se produzcan novedades en el proceso.
