Las asociaciones ASFASPRO, AUME y UMT llevan años reclamando que la carrera militar sea reconocida como profesión de riesgo. ¿Qué implica exactamente esa catalogación, qué cuerpos la tienen ya en España y qué cambiaría para los miembros de las Fuerzas Armadas? Estas son las claves.
La demanda ha vuelto a primera línea después de que las tres principales asociaciones militares exigieran al Ministerio de Defensa una reunión urgente para desbloquear un proceso que lleva décadas sobre la mesa y que, tras un impulso inicial en marzo de 2026, sigue sin concretarse.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Qué es una profesión de riesgo a efectos de la Seguridad Social
Una profesión de riesgo es aquella que, por sus condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad, genera un desgaste físico y psicológico superior al habitual. Cuando un colectivo recibe esta catalogación oficial, sus integrantes pueden acceder a coeficientes reductores de la edad de jubilación: es decir, pueden retirarse antes sin que su pensión se reduzca por ello.
Lee tambien: ASFASPRO, AUME y UMT exigen reconocimiento de la militar como profesión de riesgo
El mecanismo funciona así: por cada año trabajado en esa actividad, se aplica un coeficiente que «cuenta» como si se hubiera cotizado más tiempo. Esto permite adelantar la edad de retiro respecto a la edad ordinaria (actualmente 66 años y 6 meses, en camino de los 67 en 2027).
Qué colectivos tienen ya la profesión de riesgo en España
Actualmente, varios cuerpos y profesiones cuentan con jubilación anticipada por coeficientes reductores o regímenes especiales:
- Mineros del carbón: pueden jubilarse desde los 45-52 años, con coeficientes de hasta 2 años cotizados por cada año trabajado en el interior de las minas.
- Trabajadores del mar (pesca de altura): jubilación en torno a los 55 años.
- Bomberos: entre los 55 y los 58 años según el municipio o comunidad autónoma.
- Policías locales: jubilación voluntaria anticipada desde los 60 años.
- Policías autonómicos (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra): coeficientes similares a los de Policía Nacional.
- Policía Nacional y Guardia Civil: jubilación desde los 59 años con al menos 30 años de servicio efectivo.
Y los militares, ¿dónde están?
A pesar de realizar actividades que encajan en la definición de riesgo —manejo de armas y explosivos, operaciones en zonas de conflicto, ejercicios con fuego real, desactivación de artefactos, paracaidismo, adiestramiento en alta mar y operaciones aéreas—, los militares no están incluidos en la lista oficial de profesiones de riesgo.
Según datos del propio Ministerio de Defensa, entre 2011 y 2022 murió un militar español en acto de servicio cada 22 días.
La situación se complica además por la coexistencia de dos regímenes:
- Militares que ingresaron antes de 2011: están adscritos al régimen de Clases Pasivas, donde los coeficientes reductores por profesión de riesgo no se aplican directamente. Son miles de efectivos.
- Militares que ingresaron a partir del 1 de enero de 2011: están en el Régimen General de la Seguridad Social, donde sí cabrían los coeficientes.
Esta doble vía genera una situación paradójica: incluso si se aprobara la profesión de riesgo mañana, una parte significativa de los uniformados quedaría fuera.
¿A qué edad se jubilan los militares hoy?
Actualmente, la edad de retiro obligatorio varía según el empleo militar:
- Tropa y marinería profesional: 58 años.
- Suboficiales y oficiales: entre 61 y 65 años, según la escala.
- Oficiales generales: hasta 68 años para los de más alta graduación.
La pensión de retiro es proporcional a los años de servicio y, en el régimen de Clases Pasivas, se calcula sobre el haber regulador del empleo, no sobre la base de cotización como en el Régimen General.
Qué cambiaría con el reconocimiento como profesión de riesgo
Si prospera la propuesta que Defensa llevó al COPERFAS (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas) en marzo de 2026, los cambios serían sustanciales:
- Coeficientes reductores: la propuesta más mencionada es un coeficiente de 0,20 por año de servicio, lo que permitiría jubilarse desde los 60 años —o antes con suficientes años cotizados— sin penalización en la pensión.
- Equiparación: las asociaciones reclaman condiciones comparables a las de Policía Nacional y Guardia Civil.
- Alcance universal: Defensa aceptó en abril de 2026 que la medida debería alcanzar a todo el personal, «tanto del Régimen de Clases Pasivas como de Seguridad Social», aunque el desarrollo normativo para hacerlo efectivo es más complejo.
Cronología del proceso
Aunque la reivindicación lleva décadas, los avances más concretos se han producido en 2026:
- 2025: el Senado aprueba una propuesta para incluir a los militares entre los colectivos con coeficientes reductores. Queda paralizada en el Congreso.
- Marzo de 2026: Defensa lleva la propuesta al COPERFAS e inicia trámites ante el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
- Abril de 2026: Defensa acepta que el reconocimiento alcance a todos los militares, no solo a los ingresados después de 2011.
- Septiembre de 2026: AUME reclama públicamente que Defensa «mueva ficha».
- Octubre de 2026: ASFASPRO, AUME y UMT exigen una reunión urgente con la ministra de Defensa, denunciando que el asunto lleva más de una década sin avances reales en el Consejo de Personal.
Un tema con especial impacto en Ceuta
Ceuta es una de las ciudades españolas con mayor concentración de personal militar en proporción a su población. Con cerca de 3.500 efectivos para unos 84.000 habitantes, aproximadamente uno de cada 24 ceutíes es militar. El impacto del reconocimiento como profesión de riesgo tendría, por tanto, una dimensión particular en la ciudad autónoma.
¿Cuándo podría aprobarse?
No hay calendario cerrado. El proceso requiere que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social elabore y eleve un real decreto al Consejo de Ministros, lo que pasa por un desarrollo normativo que las propias asociaciones reconocen que «difícilmente culminará antes de las próximas elecciones generales», previstas para 2027.
Mientras tanto, las asociaciones temen que la medida se convierta en lo que califican como una «zanahoria electoral» y que, lejos de resolver el agravio, aumente las desigualdades entre regímenes.











