La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado un mensaje firme a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a sus entes dependientes: deben proceder de inmediato al pago del incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025, así como a los atrasos acumulados desde el 1 de enero del presente año. El sindicato exige que no se utilicen más “excusas técnicas” y que se cumpla con la resolución estatal que regula esta actualización retributiva.
A raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución del 3 de diciembre de 2025, en la que se detallan las instrucciones para ejecutar el aumento previsto en el Real Decreto-ley 14/2025, CSIF recuerda que el marco normativo es claro: el abono debe hacerse efectivo en las nóminas del mes de diciembre.
Esta información ha sido obtenida de una publicación de El faro de ceuta, tal como ha podido confirmar este medio.
El sindicato denuncia que, pese a que la administración principal suele cumplir los plazos de pago, son los organismos autónomos y las empresas municipales quienes más retrasos acumulan, escudándose en supuestas limitaciones técnicas o falta de tiempo. Esta situación, advierte CSIF, provoca desigualdades entre trabajadores y perjudica directamente su poder adquisitivo.
Además, recuerdan que los atrasos deben calcularse con base en las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024, integrando también el 0,5% adicional contemplado en el Real Decreto-ley 4/2024. El concepto que debe aparecer en nómina, según la resolución, es “Abono atrasos incremento 2,5 por ciento 2025”. Aunque la normativa contempla una excepción por “imposibilidad técnica justificada”, CSIF alerta de que vigilará cuidadosamente que esta cláusula no se convierta en un recurso habitual para aplazar pagos.
Finalmente, el sindicato urge a los departamentos de Intervención y Recursos Humanos a actualizar de inmediato los sistemas informáticos para que todas las plantillas cobren lo que les corresponde antes de que termine el año. Si no se cumple, CSIF anuncia que activará las reclamaciones y medidas de presión necesarias para garantizar los derechos económicos del personal público.
