Registros del BOE de hace 26 años revelan que la inquilina de 87 años enfrentó la subasta de un inmueble unifamiliar en Collado Mediano promovida por Banco Zaragozano.
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MADRID. — María del Carmen Abascal Martín, la anciana de 87 años convertida en el centro del debate político tras sus reiterados intentos de desahucio en el distrito madrileño de Retiro, cuenta con un antecedente de ejecución hipotecaria en la sierra de Madrid. Documentos del Boletín Oficial del Estado (BOE) del año 2000 constatan que la inquilina fue demandada por impago en un procedimiento ejecutivo instado por el desaparecido Banco Zaragozano.
El edicto, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Collado-Villalba, ordenaba la subasta judicial de una vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización Reajo del Roble, en el término municipal de Collado Mediano, por un valor inicial de tasación fijado en 20 millones de pesetas.
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Antiguo empadronamiento fuera de la capital
El hallazgo registral entronca con las alegaciones formuladas por la propiedad del piso del barrio de Retiro —la entidad Urbagestión—, de donde la anciana fue desalojada antes de alcanzar un acuerdo de retorno temporal. En un comunicado público, la arrendadora señaló que la inquilina figuró empadronada en el municipio serrano de Collado Mediano hasta el año 2001, cuestionando el uso continuado de la vivienda de renta antigua en la capital durante ese periodo.
Según la versión del fondo propietario, el contrato suscrito en 1956 bajo la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos quedó extinguido tras una segunda subrogación irregular tramitada en 2005, al no constar en ese momento un grado de discapacidad igual o superior al 65% que habilitara la prórroga legal del alquiler.
Un perfil que sacude el debate mediático
El procedimiento hipotecario ejecutado en el año 2000 —que contemplaba hasta tres subastas sucesivas para saldar la deuda crediticia del chalet— añade un nuevo elemento al caso de Maricarmen, cuya situación vulnerabilidad habitacional ha sido utilizada como estandarte por formaciones políticas y colectivos de la vivienda en plena precampaña electoral para las generales del 29 de noviembre.
