Las entidades Fundación SAMU y Engloba se han repartido los contratos públicos adjudicados por el Gobierno de Ceuta para la atención y acogida de más de 1.500 menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma desde la crisis de finales de julio. La licitación, financiada mediante fondos transferidos por el Ministerio de Juventud e Infancia, se ha tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad y sujeto a regulación armonizada, al ser las dos únicas organizaciones con capacidad operativa en la zona.
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El expediente, publicado a principios de septiembre, fija un presupuesto base de licitación de 7.913.700 euros (exento de IPSI) dividido en diez lotes idénticos de diez plazas. No obstante, atendiendo a las prórrogas previstas, el valor estimado del contrato alcanza los 19.784.250 euros.
Condiciones financieras y estructura de la adjudicación
Las cláusulas económicas y la estructura del pliego regulan tanto la ocupación efectiva como la reserva de plazas en la red asistencial:
- Coste por plaza: La tarifa se ha establecido en 109,91 euros por plaza ocupada y día, mientras que la retribución por plaza desocupada se fija en 65,95 euros al día.
- Plazos y anualidades: El contrato contempla una vigencia inicial de dos años con opción a tres más de prórroga. El compromiso presupuestario se distribuye en 2,3 millones de euros para 2026, 3,95 millones para 2027 y 1,64 millones para 2028.
- Criterios de valoración: La adjudicación ha ponderado la memoria técnica y el modelo de intervención (39 puntos), la oferta económica en plazas ocupadas (30 puntos) y desocupadas (19 puntos), así como la inclusión laboral de colectivos vulnerables (12 puntos).
La firma de estos contratos coincide con el debate político sobre la gestión de la tutela institucional. Mientras el Ejecutivo central defiende la permanencia de los menores en la red de acogida nacional, diversas formaciones solicitan agilizar los trámites de reagrupación familiar en sus países de origen, un proceso administrativo que requiere varios meses de tramitación durante los cuales la tutela legal permanece bajo los servicios sociales ceutíes.
