Dos periodistas han confirmado este martes ante el Tribunal Supremo que conocieron la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, buscara dicha información.
Se trata de Miguel Ángel Campos, y José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, antiguo subdirector de El País, ambos testigos en el juicio que se sigue contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.
Los periodistas aseguran que su fuente no fue el fiscal general
Campos ha explicado que tuvo acceso al correo del abogado de González Amador —en el que se reconocían los delitos fiscales y se ofrecía un pacto con la Fiscalía— hacia las 15:34 horas del 13 de marzo de 2024, aunque no lo publicó hasta la noche porque su fuente no le había autorizado antes.
El periodista ha subrayado que no fue García Ortiz quien le filtró la información, y que incluso intentó contactar con él sin éxito: “Llamé al fiscal general para confirmar los datos, pero me saltó el buzón de voz y nunca me devolvió la llamada”, declaró.
Por su parte, Romero-Salazar aseguró que obtuvo los datos el 12 de febrero de 2024, casi un mes antes, a través de una fuente “muy fiable de la Comunidad de Madrid”. Según su testimonio, “conocíamos los hechos mucho antes de que el fiscal general se pusiera a buscarlos”.
El exdirectivo de El País confirmó que su fuente tampoco fue García Ortiz y que trató de verificar la información por otras vías “siguiendo el libro de estilo del periódico”.
El decano de los abogados de Madrid tacha de “insólita” la nota de la Fiscalía
En la misma sesión declaró Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), quien calificó de “insólita” la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en la que se difundía el contenido literal del correo enviado por el abogado de González Amador.
Ribón explicó que el ICAM decidió personarse como acusación popular al considerar que la publicación supuso una “ruptura de la confidencialidad de las negociaciones entre abogado y fiscal”. La institución solicita para García Ortiz cuatro años de prisión, tres de suspensión de cargo público y una multa de 81.000 euros.
El fiscal de Protección de Datos defiende el borrado del móvil de García Ortiz
También testificó Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal delegado de Protección de Datos, quien defendió que García Ortiz tenía “la facultad de borrar la información” de sus dispositivos, al ser el responsable de su contenido. Negó que la nota de prensa supusiera una violación de seguridad y sostuvo que se trató de una “decisión consciente y autorizada”.
Un juicio histórico contra el fiscal general del Estado
El proceso judicial, que comenzó el pasado 3 de noviembre, ha convertido a Álvaro García Ortiz en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados.
Se enfrenta a entre cuatro y seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros por supuestamente filtrar a la Cadena SER el correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, en el que se reconocían dos delitos fiscales.
Este miércoles declararán los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron los despachos del fiscal general y de la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez. El propio García Ortiz cerrará el turno de declaraciones antes de los informes finales, previstos para el 13 de noviembre, tras los cuales el caso quedará visto para sentencia.
